lunes, 16 de febrero de 2009

SUBE A 46 EL NÚMERO DE MUERTOS POR MATANZA EN COLOMBIA

Colombia: nativos de la etnia awa soportan fuego cruzado de rebeldes y militares. Organizaciones humanitarias de Colombia siguen esperando una aclaración de las FARC.

Bogotá EFE. Un comité humanitario colombiano denunció que al menos 46 civiles, militares y miembros de grupos ilegales han muerto, desde finales de enero pasado, en hechos relacionados con el conflicto armado en la zona de las recientes matanzas indígenas.

La mayoría de las víctimas son aborígenes de la etnia Awa, advirtió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en Nariño, departamento de la frontera sur con Ecuador en el que se han presentado los crímenes masivos.

El CPDH alertó sobre el alcance del conflicto en la zona cuando las autoridades colombianas trataban de establecer la dimensión de unas incursiones de presuntos rebeldes de las FARC en varios asentamientos indígenas y los desplazamientos que desataron.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y la Unidad Indígena del Pueblo Awa (Unipa) han informado de la muerte, a manos guerrilleras, de al menos 18 aborígenes y la desaparición de otros nueve en Tortugaña Telembí y El Sande, resguardos en las localidades nariñenses de Barbacoas y Samaniego.

Sin embargo, unas comisiones humanitarias y de las fuerzas de seguridad que se desplazaron el viernes a la zona de conflicto no han hallado los cadáveres de las víctimas, que recibieron muerte con armas blancas, según aborígenes que lograron huir.

El CPDH dio como cierta la versión de que 17 indígenas murieron en la primera matanza, cometida el pasado día 4, y que 10 más fueron asesinados el pasado miércoles, en ambos casos por presuntos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los 27 están entre las por lo menos 46 víctimas fatales que la misma organización no gubernamental (ONG) ha documentado en menos de tres semanas en la zona de conflicto y de lo que dio cuenta en un comunicado divulgado en Pasto, la capital nariñense.

Según el CPDH, las primeras seis muertes se presentaron a finales del pasado enero en enfrentamientos librados por los grupos paramilitares Águilas Negras, Los Rastrojos y Nueva Generación en las montañas de la localidad de Policarpa.

Al menos doce militares, guerrilleros y civiles murieron el 10 de febrero último en combates que se presentaron en el Resguardo Maguí (del pueblo Awa) en la zona rural de Ricaurte, agregó la fuente.

Datos

Asesinato. El Comité Permanente por la Defensa de los derechos Humanos recordó que el pasado fin de semana fue asesinado, en la región, el médico y político Heriberto Melo por rebeldes del Ejército de Liberación Nacional que lo tenían secuestrado desde mayo del 2008.

Acosados. La etnia de los awas ha sobrevivido al fuego cruzado que enfrenta desde hace décadas a rebeldes con el Ejército y los paramilitares.

Tomado del Diario La República

PIDEN 30 AÑOS PARA MILITARES POR CABITOS


La fiscal superior Carmen Ibáñez Carranza pidió una pena de 30 años de prisión para siete ex miembros del Ejército al acusarlos de las desapariciones forzadas de 54 personas en el cuartel militar Los Cabitos, en Ayacucho. Así lo informó ayer la abogada Karim Ninaquispe, representante legal de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq, que defiende a las víctimas.
La acusación fiscal responsabiliza de torturas, desaparición forzada y asesinatos de 54 personas al ex presidente del Comando Conjunto de las FFAA en 1983 Carlos Briceño Zevallos y a los integrantes de la 2da División de Infantería de Ayacucho, Julio Carbajal Dangelo, Carlos Millones Destefano, Roberto Saldaña Vásquez y Humberto Bari Orbegoso.
Además, a Pedro Paz Avendaño y Arturo Moreno Alcántara, jefes de la Casa Rosada, como se conocía en Ayacucho, al centro de detención de la inteligencia militar.
Argumenta la fiscal que dichos personajes ejercían el control político-militar en la zona de Ayacucho durante el año 1983, por tanto son directos responsables de las atrocidades y crímenes que se cometían dentro del cuartel Los Cabitos.
Los cuerpos de las víctimas eran luego enterrados, con la intención de ocultar los crímenes, en tumbas clandestinas en un terreno anexo al cuartel, donde peritos del Instituto de Medicina Legal de la fiscalía realizan excavaciones y exhumación de cadáveres.
Entre los desaparecidos se encuentra Eladio Quispe Mendoza, esposo de la activista ayacuchana Guadalupe Ccallocunto Olano, quien también fue secuestrada y desaparecida en 1990.

El dato
Restos. Hasta la fecha se han encontrado más de 100 cuerpos de niños, mujeres y hombres en el cuartel Los Cabitos, el principal centro de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de civiles en Ayacucho.

Escrito por Ana Véliz
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