Por: STEPHEN HAAS DEL CARPIO (SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS)
29 de Junio del 2010
LIMA | Hace unos días el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de norma que propone modificar la ley de partidos políticos y prohibir la inscripción de organizaciones políticas que constituyan una amenaza al sistema democrático, en razón a que en las últimas semanas hemos visto con suma preocupación la realización de diferentes actividades de personajes vinculados con el terrorismo. En dichas presentaciones no se ha descartado la idea de que el Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso pueda participar en futuros procesos electorales, lo que resultaría preocupante para nuestro incipiente sistema democrático.
Frente a este riesgo, el Estado debe salir en defensa de la democracia militante proscribiendo dentro de nuestro sistema a aquellas ideologías que pretendan la desaparición de la democracia. Rechazar la posibilidad de un control previo a las organizaciones políticas implicaría hacer inviable cualquier tipo de fiscalización, y cuando el peligro se concrete, será ya tarde para actuar, puesto que el partido antisistema habrá aniquilado al sistema democrático.
El concepto de democracia militante se utiliza para describir a las democracias que cuentan con mecanismos de defensa para hacer frente a las organizaciones políticas que pretenden aprovecharse de la fragilidad del sistema para lograr su destrucción, y ella se puede apreciar, notablemente, en la legislación europea.
La legislación alemana impide la existencia de partidos antidemocráticos. En la Ley Fundamental de Bonn, se señala que no se admite a los partidos que pretenden perjudicar o eliminar el ordenamiento constitucional libre y democrático, o amenazan la existencia de la República.
La legislación española de partidos políticos estableció un procedimiento judicial de ilegalización de los partidos por dar un apoyo político real y efectivo a la violencia o al terrorismo. Es a través de esta norma que el Tribunal Supremo Español, con fecha 27 de marzo del 2003, declaró la ilegalidad del Partido Político Español Batasuna por sus probadas conexiones con el grupo terrorista ETA.
Nuestro Estado no puede quedarse inerte ante el peligro y avance de estas organizaciones que pretenden cubrirse bajo el manto de la legalidad. Debemos reaccionar de inmediato, ya que no podemos darnos el lujo de dar cabida a grupos políticos que representen ideologías totalitarias, racistas y antidemocráticas que buscan la destrucción de nuestro sistema democrático o menoscaben los derechos y libertades expresados en los principios y valores constitucionales que sostienen el Estado de Derecho.
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