El golpe de Estado producido en Honduras, para desplazar del cargo a un presidente elegido libremente por el pueblo constituye un antecedente peligroso, que obliga a la comunidad internacional a continuar con sus presiones para que se restituya el poder y se termine con ese tipo de actitudes antidemocráticas que mucho mal hicieron en el pasado.
Restablecida la normalidad, deberán ser los mecanismos institucionales los que deban decidir si Zelaya desoyó o no lo determinado por la Corte Suprema de Justicia y será el Congreso quien establecerá los futuros pasos a seguir.
Zelaya asumió el poder en 2006 -su gestión termina el 27 de enero de 2010- y recientemente impulsó un proyecto convocando a referéndum para modificar el artículo de la Constitución que limita su mandato y permitir la reelección. La Corte Suprema de Justicia se opuso al referéndum y, ante la insistencia de Zelaya, el Ejército hondureño lo derrocó, en lo que se convirtió en el primer golpe de Estado en América Central, después de la guerra fría.
La reacción internacional fue inmediata, en la búsqueda de aislar a los golpistas, evitar que se mantengan en el gobierno y exigiendo la restitución del poder al presidente electo democráticamente. La OEA emitió una resolución condenatoria, estableciendo un plazo para que restituyan el poder, amenazando a la actual conducción de suspender a Honduras en el organismo, iniciativa que fue adoptada por unanimidad y con el apoyo explícito de EEUU.
El propio presidente norteamericano condenó el golpe y, sin ningún tipo de ambigüedades, declaró que no reconocerá a otro presidente que no sea Zelaya, mientras el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo suspendieron los créditos a Honduras, un país cuya situación económica es muy endeble y que se encuentra entre los tres más pobres de América Latina, junto con Haití y Nicaragua.
Los países integrantes de la Unión Europa también procedieron a retirar a sus embajadores con lo que, de hecho, Honduras se encuentra aislada, tanto política como económicamente.
En ese marco de situación, es el pueblo hondureño el que está sufriendo las consecuencias de un accionar inaceptable por parte de las fuerzas armadas -apoyadas por el sector político que actualmente se encuentra en el poder- lo que generó además una peligrosa división interna que puede llevar a consecuencias aún más lamentables.
También es inaceptable la afirmación del presidente golpista Roberto Micheletti, quien habla de una “sucesión constitucional”, afirmando su aseveración en el hecho de que él presidía el Congreso antes de la destitución de Zelaya, desconociendo que su ilegal asunción fue el fruto de un golpe de Estado que tomó el poder en forma violenta, desconociendo los resortes constitucionales.
Las afirmaciones del presidente constitucional Manuel Zelaya, asegurando que el referéndum sobre la reelección no era vinculante, que no piensa buscar su reelección cuando finalice su mandato y que la modificación constitucional será competencia de otro gobierno, pasan a formar parte casi de una anécdota, porque lo que no se puede concebir es que haya sido obligado a salir del poder a través de un golpe de Estado encabezado por una fuerza armada, como el Ejército, cuya función esencial es la de defender al país de cualquier agresión externa, sin ninguna posibilidad de intervención en cuestiones políticas.
Hacia esta última actitud -la del golpismo- apuntan tanto la OEA como todos aquellos países que se han declarado abiertamente en contra de lo que sucede en Honduras. Los antecedentes de los golpes de Estado en América Latina son nefastos y las democracias, aún incipientes, se están consolidando, con pueblos cada vez más maduros que saben utilizar el voto.
Los ejemplos más cercanos en el tiempo se cumplieron el mismo domingo 28 tanto en la Argentina, con una elección transparente para la renovación legislativa, como en Uruguay, en las internas abiertas para elegir a los candidatos a presidente.
Los países deben presionar de manera firme y concreta para que en Honduras recupere el poder el presidente elegido democráticamente por el pueblo y que sean esos mismos mecanismos democráticos, conformados por los representantes que el propio pueblo también eligió, los que utilicen los resortes que la Constitución les da para remover o ratificar al primer
mandatario en sus funciones.
No se pueden aceptar más golpes de Estado, los que deben quedar definitivamente en la triste historia del pasado.
