sábado, 15 de mayo de 2010

Suspenden al juez Garzón por intentar juzgar al franquismo






La Justicia española también le negó el traslado a La Haya propuesto por Moreno Ocampo. 
Por intentar juzgar al franquismo, suspenden al juez Garzón
El juez español Baltasar Garzón, al salir de la Audiencia Nacional, en Madrid. (AP)

sábado, 15 de mayo de 2010
La derecha española ganó ayer una implacable batalla contra el juez Baltasar Garzón que fue suspendido como magistrado por el Consejo del Poder Judicial. La decisión se adoptó al estar acusado Garzón por haber intentado investigar las desapariciones de 130.047 personas durante la dictadura franquista.





Algunas declaraciones a favor de Garzón comparan los hechos ocurridos ayer con el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 cuando los ultras militares asaltaron a balazos el parlamento. "La diferencia es que, esta vez, no fallaron", señala una declaración.

Un juez instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, decidió que el famoso magistrado fuera sometido a juicio oral por el delito de prevaricato o sea dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho. 

Según organizaciones de ultraderecha que se presentaron como querellantes particulares, Garzón sabía que no podía investigar los crímenes del régimen franquista ya que carecía de competencia.

Estas decisiones han provocado enérgicas declaraciones de protesta y repudio así como manifestaciones que tuvieron lugar frente al edificio la Audiencia Nacional. Garzón, de 54 años, recibió la noticia de la suspensión y se retiró con lágrimas en los ojos. A su salida fue ovacionado por centenares de personas. 

El juez abrazó a varios de quienes lo esperaban al grito de "¡Qué vergüenza!", acompañado de su esposa, Rosario Molina, quien se presentó para acompañarlo en unas horas realmente amargas para el magistrado y para la democracia española. 

El Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, el argentino Luis Moreno Ocampo, había invitado a Garzón para que se trasladara durante unos meses para colaborar en la instrucción de algunos casos de gran importancia. Sin embargo, el Consejo decidió aplazar la decisión sobre Garzón, "el último exiliado del franquismo". 

Varios miembros de las corrientes progresistas del Consejo, que están en minoría frente a los conservadores, trataron de que se considerara una autorización para la comisión permanente urgente en La Haya. Pero, como denunció algún medio de comunicación, la mayoría del Poder Judicial decidió "ensañarse" contra el magistrado y se aplazo el trámite.

Era casi inimaginable para quienes siguieron de cerca los Procesos de Madrid contra los crímenes de las dictaduras argentina y chilena que el magistrado que logró meter preso a Pinochet en Londres, se alejara tan bruscamente de las funciones que ha cumplido con rigor durante 22 años. 

Garzón consiguió que los más altos tribunales españoles consagraron por su iniciativa los principios de Justicia universal.
El magistrado tuvo también una intervención muy destacada contra el terrorismo de Estado español protagonizado por la banda de hampones de los GAL. También actuó con eficacia contra el narcotráfico, la corrupción protagonizada por varias personalidades políticas, como el caso Gürtel que ha afectado al Partido Popular. 
Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2010/5/15/internacionales-489917.asp

PROCESO AL JUEZ GARZÓN: ¿DÓNDE ESTÁN LOS DERECHOS DE MILES DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA?


El juez Baltasar Garzón. ©AI

El juez Baltasar Garzón puede ser juzgado por un presunto delito de prevaricación por investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Amnistía Internacional considera insólito que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista.

La Ley de Amnistía de 1977 ha sido invocada para perseguir al único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. Si este juicio se produce será el primer caso del que tenemos noticia, en todo el mundo, de que un juez es llevado al banquillo por intenta conseguir verdad, justicia y reparación para estas víctimas. Es un mensaje tremendo para otros jueces que lo intenten, en España y en el resto del mundo.

Las leyes de Amnistía en un país no pueden entrar en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos, y éstas dicen claramente que el crimen de desaparición forzada no es amnistiable, es imprescriptible, y que entorpecer su investigación es un delito.

Los familiares de los desaparecidos tienen derecho a conocer las circunstancias de su muerte, el paradero de sus seres queridos y poder ofrecer un entierro digno. Por ello, Amnistía Internacional, que trabaja por los derechos de la víctimas, se pronuncia en defensa de la legalidad internacional. El motivo ha sido el hecho que el Magistrado instructor en su auto de 3 de febrero expresase que el delito era no haber aplicado la Ley de Amnistía de 1977 a las desapariciones forzadas. La legalidad internacional es muy clara al respecto y sostiene que estos delitos no se pueden someter ni a prescripcion ni a amnistías ni a ningún tipo de mecanismo de impunidad. 

Para Amnistía Internacional la mayor preocupAción de este proceso es que se está poniendo en juego uno de los principios mas importantes de la legalidad internacional  y con ello los derechos de las víctimas.


El Estado español es responsable ante las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo
España tiene el deber  de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones  necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.

De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Es decir, el Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir  los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.

Más información en nuestros informes:




Categorías: DesaparicionesEspaña
Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org
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