Victimas campesinas de la incursión de Río Seco Mayobamba – VizcatánFuente: http://blog.dhperu.org/?p=776
Organizaciones de derechos humanos aguardan información gubernamental sobre cuatro campesinos oficialmente muertos en combate como subversivos y que, en realidad, habrían sido asesinados.
El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Francisco Soberón, dijo que el Ministerio de Defensa y otras autoridades deben revelar revelar los pormenores del caso, luego que un informe del Ministerio Público denunció que los labriegos fueron masacrados.
Las muertes se registraron en septiembre de 2008 en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), intrincada zona selvática del centro del país en el que operan remanentes del grupo armado Sendero Luminoso y donde las fuerzas armadas desarrollan desde el año pasado una intensa campaña para controlar ese territorio.
El comando conjunto de las fuerzas armadas reportó en septiembre pasado que Alejandro y Maximiliano Pichardo, Jesús Canchanya y Rosa Chávez murieron el 14 de ese mes en la zona de Río Seco, en el VRAE, en un enfrentamiento con militares, en su condición de alzados.
La versión fue prontamente desmentida por Lucy Pichardo, hermana de dos de los caídos, quien dijo que estos y los otros dos fallecidos eran, en realidad, campesinos ajenos a los grupos armados y que ella escapó de las tropas cuando los capturaban.
Señaló que los cinco fueron detenidos y asesinados por las tropas, que enterraron los cuerpos en la zona del supuesto enfrentamiento.
Pese a ello el Ministerio de Defensa y el comando conjunto ratificaron la versión oficial y hasta alegaron que en la zona sólo había alzados y no población civil ajena al conflicto, mientras los militares de la zona obstaculizaban las primeras investigaciones.
Tras una prolongada investigación forense, un informe de la policía y el Ministerio Público sentenció que existen indicios razonables de que los cuatro campesinos "fueron ejecutados por efectivos militares" durante una operación dirigida por el mayor Jorge Hurtado.
El informe verificó que los caídos eran labriegos conocidos en la zona y nada tenían que ver con los alzados, y las pericias forenses comprobaron que Maximiliano Pichardo y Rosa Chávez fueron ultimados con disparos hechos a corta distancia.
Los cadáveres de Alejandro Pichardo y Jesús Canchanya presentan hundimiento de los cráneos, aparentemente por golpes de culata de fusil, agrega el informe, que apunta las sospechas a ocho patrullas a cargo de las operaciones realizadas ese día en la zona.
Existen, por tanto, sólidas evidencias de que los campesinos fueron detenidos y posteriormente ejecutados, a las que se agrega el hecho que los militares nunca presentaron el armamento que tendría que haber sido capturado, de tratarse de alzados caídos en combate.
El mayor Hurtado, interrogado por la fiscalía, sostuvo que las tropas no fueron informadas de la existencia de civiles en la zona y aseveró que allí "todos eran terroristas, no había ninguna población".
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, avaló esa versión y, al ser preguntado por la prensa sobre el informe del Ministerio Público, dijo no conocerlo y alegó que podría tratarse de una versión interesada en impedir el avance de las tropas en el VRAE.
El activista humanitario Soberón consideró lamentable que el Ministro haya pretendido encubrir los hechos y sostener que toda la población de la zona del incidente es sospechosa de vinculación con los alzados.
La posible matanza se agrava por el hecho que hay tres desaparecidos, dos menores, hijos de dos de las víctimas y que, según Lucy Pichardo, iban con el grupo de masacrados, y un testigo de los hechos, Frank Sulca.
De acuerdo con la versión castrense no había niños y sobre Sulca alegan que fue secuestrado tras el incidente por remanentes de Sendero Luminoso, aunque testigos afirman fue capturado por elementos de apariencia militar que portaban armas que usa el ejército.
El representante de APRODEH en Ayacucho, Yuber Alarcón, afirmó que Sulca fue secuestrado para silenciarlo, pues había declarado ante el Ministerio Público que los militares atacaron a campesinos desarmados en una zona en la que no hay actividad de alzados.
El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Francisco Soberón, dijo que el Ministerio de Defensa y otras autoridades deben revelar revelar los pormenores del caso, luego que un informe del Ministerio Público denunció que los labriegos fueron masacrados.
Las muertes se registraron en septiembre de 2008 en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), intrincada zona selvática del centro del país en el que operan remanentes del grupo armado Sendero Luminoso y donde las fuerzas armadas desarrollan desde el año pasado una intensa campaña para controlar ese territorio.
El comando conjunto de las fuerzas armadas reportó en septiembre pasado que Alejandro y Maximiliano Pichardo, Jesús Canchanya y Rosa Chávez murieron el 14 de ese mes en la zona de Río Seco, en el VRAE, en un enfrentamiento con militares, en su condición de alzados.
La versión fue prontamente desmentida por Lucy Pichardo, hermana de dos de los caídos, quien dijo que estos y los otros dos fallecidos eran, en realidad, campesinos ajenos a los grupos armados y que ella escapó de las tropas cuando los capturaban.
Señaló que los cinco fueron detenidos y asesinados por las tropas, que enterraron los cuerpos en la zona del supuesto enfrentamiento.
Pese a ello el Ministerio de Defensa y el comando conjunto ratificaron la versión oficial y hasta alegaron que en la zona sólo había alzados y no población civil ajena al conflicto, mientras los militares de la zona obstaculizaban las primeras investigaciones.
Tras una prolongada investigación forense, un informe de la policía y el Ministerio Público sentenció que existen indicios razonables de que los cuatro campesinos "fueron ejecutados por efectivos militares" durante una operación dirigida por el mayor Jorge Hurtado.
El informe verificó que los caídos eran labriegos conocidos en la zona y nada tenían que ver con los alzados, y las pericias forenses comprobaron que Maximiliano Pichardo y Rosa Chávez fueron ultimados con disparos hechos a corta distancia.
Los cadáveres de Alejandro Pichardo y Jesús Canchanya presentan hundimiento de los cráneos, aparentemente por golpes de culata de fusil, agrega el informe, que apunta las sospechas a ocho patrullas a cargo de las operaciones realizadas ese día en la zona.
Existen, por tanto, sólidas evidencias de que los campesinos fueron detenidos y posteriormente ejecutados, a las que se agrega el hecho que los militares nunca presentaron el armamento que tendría que haber sido capturado, de tratarse de alzados caídos en combate.
El mayor Hurtado, interrogado por la fiscalía, sostuvo que las tropas no fueron informadas de la existencia de civiles en la zona y aseveró que allí "todos eran terroristas, no había ninguna población".
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, avaló esa versión y, al ser preguntado por la prensa sobre el informe del Ministerio Público, dijo no conocerlo y alegó que podría tratarse de una versión interesada en impedir el avance de las tropas en el VRAE.
El activista humanitario Soberón consideró lamentable que el Ministro haya pretendido encubrir los hechos y sostener que toda la población de la zona del incidente es sospechosa de vinculación con los alzados.
La posible matanza se agrava por el hecho que hay tres desaparecidos, dos menores, hijos de dos de las víctimas y que, según Lucy Pichardo, iban con el grupo de masacrados, y un testigo de los hechos, Frank Sulca.
De acuerdo con la versión castrense no había niños y sobre Sulca alegan que fue secuestrado tras el incidente por remanentes de Sendero Luminoso, aunque testigos afirman fue capturado por elementos de apariencia militar que portaban armas que usa el ejército.
El representante de APRODEH en Ayacucho, Yuber Alarcón, afirmó que Sulca fue secuestrado para silenciarlo, pues había declarado ante el Ministerio Público que los militares atacaron a campesinos desarmados en una zona en la que no hay actividad de alzados.
