Justicia a lo bestia en Puno

Entre el año 2008 y lo que va del 2009, en la región Puno se han registrado 44 linchamientos. Las turbas buscan hacer justicia por sus propias manos, pero a menudo se han ensañado con civiles inocentes.

Por Liubomir Fernández

Aquí no se aceptan delincuentes.

Leo una pinta en la pared lateral de una rústica casa de Juliaca situada en los alrededores de la salida al Cusco. La advertencia va dirigida a toda suerte de raterillos y asaltantes que han convertido las calles de esta ciudad en el escenario de las sospechas y de la más profunda desconfianza. Aquí ya nadie cree ni en sus vecinos y los perros saltan y ladran cuando advierten a un desconocido.

Desde las ventanas suspicaces vecinos fijan su mirada en el visitante. Basta que el foráneo se encuentre cerca de una tienda y en actitud considerada sospechosa para que sea detenido e interrogado con violencia sobre sus actos. Si se comprueba que no posee bienes robados y si no tiene cicatrices que revelen un pasado delincuencial es posible que sea liberado.La suerte del detenido es distinta si es sorprendido robando. Basta que la turba lo tome cautivo para que de inmediato lo ate a un poste y lo queme vivo.

En los barrios periféricos de esta ciudad no existe otra forma de pagar los delitos. Para los organismos de derechos humanos y las autoridades se trata de una práctica repudiable que no puede seguir más. Para los vecinos de Juliaca es la única forma de que se haga justicia.Un asesinato impuneHugo Carlos Machaca Apaza era un mil oficios. Trabajó de todo para mantener a su familia. Natural de Moho, provincia de Huancané, migró a Juliaca en busca de mejores oportunidades.

Sus diez últimos años los dedicó a trabajar de triciclero. Los 20 soles que a diario ganaba le permitían mantener a sus cuatro hijos y pagar las medicinas que requiere tomar su esposa enferma. El 17 de julio del 2008 Hugo salió de casa para recoger a uno de sus hijos del colegio nocturno. Su familia no supo más de él hasta un día después, cuando doña Olga Apaza Flores, su esposa, lo encontró en la morgue del hospital de Juliaca. El rostro desfigurado con hematomas y fracturas en todo el cuerpo.

Había sido víctima de una turba de pobladores descontrolados en la urbanización Escurri. Lo acusaron de querer robar una tienda. Hugo fue amordazado y atado a un poste. Luego fue azotado y golpeado hasta que le sobrevino la muerte. Hugo Machaca vestía una casaca que la empresa Cruz del Sur le regaló por su honradez y eficiencia. Era de los pocos tricicleros a los que se permitía recoger a los pasajeros en la puerta de la agencia. La policía no pudo intervenir. Pocos efectivos para controlar a una masa enardecida.

Los serenos fueron repelidos a pedradas por la multitud.“Él era un hombre trabajador. Ahora no tengo a nadie. Para mí no hay justicia. Ahora quién me va a devolver a mi esposo. Él era inocente. Nada había robado, nada. Lo confundieron solo porque estaba borracho. Desde que me lo han matado mis hijos ya no estudian. Para mí no hay justicia”, se queja su viuda, Olga Apaza. La única persona apresada por este crimen fue Vicentina Sancho Condori. Y solo por quince días.

Según la policía, la mujer habría incitado a la turba para que quemen al humilde triciclero. El último casoEl 5 de setiembre Jack Briceño Ochoa murió linchado sin haber cometido ningún delito. El joven, hijo del fiscal superior Vicente Briceño, fue confundido con un delincuente, golpeado con salvajismo y después quemado vivo en la urbanización Santa Bárbara. Briceño estaba de vacaciones en Juliaca. Había llegado de Rusia donde estudiaba medicina.

En lo que va del año la Policía ha registrado 25 linchamientos en las trece provincias de Puno. Tres personas murieron a causa de las brutales golpizas. El año pasado se registraron 19 casos. La mayoría de estos actos se concentra en Juliaca, donde la población acostumbra hacer justicia con sus propias manos.Según la PNP, a la mayoría de personas sometidas a golpes y torturas tras ser acusadas de robo no se les comprobó responsabilidad alguna. ¿De quién depende frenar este tipo de actos”, le preguntamos a Luis Salas Quispe, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Puno. Salas señala que esta es una responsabilidad de alcaldes provinciales y distritales, que son los presidentes de los comités de seguridad ciudadana.

Salas Quispe cree que el linchamiento del ex alcalde de Ilave Cirilo Robles, en abril del 2004, ha marcado un precedente para que este tipo de prácticas se masifique.

FUENTE:http://www.larepublica.pe/archive/all/domingo/20090920/14/pagina/1558

Contrabandista legal del senderismo

Abimael Guzmán acaparó la atención política y mediática del país en los últimos días a raíz de un libro que abunda en falacias y mentiras groseras. Un enemigo declarado del sistema democrático invoca hoy leyes que jamás respetó. Dos abogados expertos en derechos humanos analizan aquí el discurso jurídico contenido en el texto “De puño y letra”, el desconcertante alegato de inocencia del mayor genocida de nuestra historia.

1 .Sí fue terrorista:

Abimael Guzmán insiste en el libro en la tesis de que su accionar violento y fundamentalista emanó del fragor del pueblo. “Partimos de rechazar que se nos tilde de ‘terroristas’ e impute ‘terrorismo’, pues, reiteramos que somos revolucionarios, militantes del Partido Comunista del Perú y participantes o dirigentes de la guerra popular iniciada el 17 de mayo de 1980”, afirma en la página 157. “¿Guerra popular?”, se pregunta el periodista Gustavo Gorriti, experimentado reportero de los sucesos de la lucha armada. “Si ‘popular’ significa ‘relacionado o propio del pueblo’, es obvio que la insurrección senderista no representó al país.

Su control en varias regiones se basó en la coerción y el adoctrinamiento forzado”, sostiene. En todo caso, dice, que se invoque estas palabras en un contexto jurídico no tiene ningún sentido, pues “la expresión ‘guerra popular’ es utilizada por los comunistas maoístas para definir su doctrina; tiene una connotación puramente partidaria”.Guzmán también exige que se observe la dimensión política del proceso de violencia y no solo los actos criminales. Esto es, según el abogado Carlos Rivera, experto en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal, un total despropósito: “Un tribunal no juzga los hechos políticos, sino los comportamientos delictivos previamente tipificados en la ley penal”, establece.

Y en el caso de Guzmán, quien fue capturado el 12 de setiembre de 1992, el delito de terrorismo ya estaba descrito en el decreto legislativo 046, aprobado en1981, y la legislación antiterrorista de Alberto Fujimori, promulgada en mayo de 1992. Esta última precisaba, por ejemplo, que “hay responsabilidad penal por el simple hecho de ser jefe de una organización terrorista”.

Así que Abimael Guzmán pretende de nuevo escabullirse de la ley y refugiarse en el manipulable terreno de la perorata ideológica.

2. ¿Ingenuo mediato?

Con el afán de cuestionar su sentencia a cadena perpetua, dictada en octubre del 2006, en base al concepto legal de ‘autoría mediata’, el cabecilla de Sendero Luminoso dice en su libro: “La doctrina jurídica peruana no la ha aceptado (se refiere a la teoría de Roxin, el jurista alemán que la elaboró), únicamente se está sosteniendo en los últimos tiempos” (página 162). Carlos Rivera lo refuta: “Lo único que debe existir para que un tribunal utilice una doctrina (teoría propuesta por un académico) es un fundamento legal que la soporte”.Y ese sustento legal, en el caso del Perú, reposa en el Código Penal desde 1924: en ese documento se afirma que el autor es “el que realiza por sí o por medio de otro” un delito. Así, si bien Guzmán no asesinó directamente a nadie, creó una organización criminal a través de la cual se convirtió en el responsable penal de las matanzas.

Y como esta figura está prevista en la legislación peruana desde hace varias décadas, el tribunal que lo sentenció simplemente la desarrolló jurídicamente. El abogado Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, explica que este desarrollo se consigue “recurriendo a la jurisprudencia –veredictos de juicios previos– y a la doctrina. Esta última presenta como una de las modalidades de la ‘autoría mediata’ el ‘aparato de poder organizado’ dirigido por un ‘autor de escritorio’”. Se trataba de Guzmán redactando obsesivamente sus órdenes desde la clandestinidad y detallando con fruición los pasos de cada uno de los atentados principales; en suma, clavando un puñal a lo lejos.

3. Juicio ‘limpio’:

Ronald Gamarra cuenta que, de un tiempo a esta parte, en el mundo del derecho penal se viene hablando de dos tipos de ciudadanos: los “buenos”, a quienes se les reconoce todos los derechos fundamentales, y los “enemigos”, a los que, por ciertos delitos cometidos, no se le reconoce ninguno.

En esta tendencia legal se ubica la afirmación de Abimael Guzmán, en las páginas 164 y 166 del libro, en el sentido de que él habría sido juzgado con el “derecho penal del enemigo”, es decir con una serie de irregularidades en cuanto al proceso.Al respecto, Carlos Rivera cree que Guzmán posiblemente se refiera a la legislación antiterrorista de 1992, “la que fue muy cuestionada por ser una de las más severas y negadoras de derechos humanos en el mundo”.

Pero a pesar de que Rivera reconoce esta falencia, sostiene que virtualmente casi nada de esa norma se aplicó en el caso del ex líder terrorista. “Si bien este paquete jurídico se utilizó para condenarlo a cadena perpetua en el juicio militar en 1992, en febrero del 2003 se revisó su proceso. Y se le juzgó de forma absolutamente regular: pudo ejecutar su derecho a la defensa e, incluso, se excedió en los gestos y discursos en la sala”, explica.

No hay que olvidar los puños alzados y los gritos embravecidos de los miembros de la cúpula de Sendero en las primeras audiencias del tribunal.La mejor prueba de que Abimael Guzmán no tiene un cuestionamiento de fondo a su juzgamiento es que, hasta la fecha, no ha recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, tal como lo planificó en un manuscrito del 2005 (página 132 del libro). Cretina ironía: el hombre que despreciaba hace dos décadas el sistema de derechos humanos, al que consideraba “burgués”, hoy recurre a él.

4. Amnistía no procede:

“Cuando Guzmán cita uno de los artículos de los Convenios de Ginebra en la página 182 del libro que dice: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible (…)’, hay que recordarle que el convenio niega tal posibilidad a aquellos que cometieron delitos atroces contra la población civil, como lo hizo Sendero”, afirma Ronald Gamarra.

La advertencia es atinada si se considera que ‘amnistía’ fue la palabra más repetida por los abogados de Abimael Guzmán durante la presentación del libro, el pasado 11 de setiembre. “Sería moralmente reprobable y penalmente insostenible. ¿Cómo vamos a amnistiar al principal responsable de la violencia en el país, según la CVR?”, reflexiona Gamarra. ¿qué pretende guzmán con la publicación de su libro?“Lo último que quería Guzmán durante la violencia era que sepan qué estaba pensando, ahora que expone sus estrategias legales parece que anuncia la conclusión política de un proceso.

Es la publicación de un derrotado”.Carlos RiveraAbogado.“Para Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre la guerra terminó hace 17 años cuando fueron capturados. Ellos se saben vencidos y aceptan este hecho. Lo que ahora desean con este libro es formalizar el fin de esa guerra. Es un error por parte del Estado –y una muestra de debilidad– no hacer eco a esta declaración de derrota”.

Gustavo Gorriti

Periodista

FUENTE:http://www.larepublica.pe/archive/all/domingo/20090920/10/node/219346/todos/1558

Sendero utiliza reclamos de estudiantes en universidades

¿Infiltración?

En San Marcos apoya la lucha de comensales. Las huestes de Abimael han vuelto su mirada a las universidades para captar jóvenes inteligentes, pero también inconformes.Jorge Loayza.El discurso radical de Sendero Luminoso no ha muerto en las universidades nacionales. Ya no es ese monstruo temido que creció en los años ochenta, pero en esta nueva etapa quiere tener presencia en diferentes organizaciones universitarias.

Los muros no están pintarrajeados de rojo con vivas a la guerra popular como en las décadas pasadas, ahora prefieren lanzar mensajes en volantes y panfletos para llamar a combatir y resistir. Saber lo que pasa en San Marcos sirve para conocer la manera cómo Sendero quiere recuperar espacios dentro del ambiente universitario.

El mejor ejemplo es el comedor universitario, un bastión que siempre ha pretendido ser dominado por Sendero. La demora en su remodelación –más dos años–, producto de una mala licitación, ha ocasionado que se vuelva un caldo de cultivo para la justa protesta de los más de mil estudiantes que diariamente usan sus servicios. Esa desazón estudiantil también ha sido canalizada por un grupo radical denominado “Comité de comensales”, el cual usa en sus pronunciamientos públicos un discurso radical que convoca a la lucha conjunta de estudiantes y trabajadores.

Por ejemplo, en uno de sus comunicados hacen el siguiente llamado a los estudiantes: “Combatir, avanzar y no claudicar”, un lenguaje típico de organización filo senderista. Se mimetizan en las marchasSobre ello debe resaltarse que en la reciente presentación del libro “De puño y letra” en el hotel Riviera se vieron muy activos a los integrantes del “Comité de comensales” Doller Huamán Cutisaca y Joan Flores de la Cruz. “Lo que se conoce de esa corriente (pro Sendero) es que se meten en tema reivindicativos de la universidad.

En la parte cultural también trabajan a través de grupos de zampoña como Takimarka, que es muy antiguo en la universidad”, nos dijo un veterano dirigente estudiantil.Sin embargo, la manera como los prosenderistas asumen sus luchas en la universidad ha tenido algunos cambios. Antes solían tener su propio grupo y marchaban de manera muy ordenada y rígida al final de la fila lanzando sus propias consignas como “¡combatir y resistir!”. Lo que hacen ahora es mimetizarse en las marchas.

En esa situación encontramos a la profesora de psicología Lourdes Carpio en la marcha organizada el pasado jueves por diversas universidad en demanda de mayores recursos. Carpio es catedrática de psicología y estuvo presa acusada de terrorismo.

Su activismo prosenderista es conocido en San Marcos desde la década pasada. Cuando le preguntamos sobre sus antecedentes nos dijo que ella estuvo detenida dos veces y que en la segunda oportunidad fue absuelta por la Corte Suprema. “La gente que tiene un pensamiento por la lucha gremial ha sido perseguida toda la vida. Yo he sufrido momentos duros de aislamiento y de aberración, de toda pérdida de derechos que han sufrido los presos políticos, ¿no voy a estar al lado de ellos luchando por sus derechos? Sí lo voy a estar toda mi vida aunque no sea de su organización política”, aseguró Carpio.

Además, cuando le preguntamos sobre sus actuales actividades en San Marcos, aseguró que no ha hecho nada malo para no seguir enseñando y lo que haga es parte de su vida personal. “Toda mi vida he sido dirigente. Toda lucha que sea para defender los derechos, si eso es malo quiere decir que no hay democracia”, se defendió.

Movimientos en las aulas

René Meza, integrante del movimiento de egresados de San Marcos, Proyecto San Marcos, dijo que no se puede negar que hay gente dentro del ambiente universitario que tiene relación con Sendero y que eso se hace más notorio en el comedor universitario. Sin embargo, dijo que en el mismo de San Marcos hay cerca de siete grupos de estudiantes de diversas tendencias que pretenden asumir la defensa estudiantil.

Eric Robles, del Centro Federado de Derecho, sostiene que actualmente la juventud sanmarquina vive un estado de indiferencia frente a la política. “Los sectores más empapados de política son los que defienden los derechos. La única forma de desprestigiarnos es tildándonos de senderistas”, dijo. En la Universidad San Cristóbal de Huamanga la Dircote tiene identificado a por lo menos siete estudiantes vinculados a Sendero que suelen participar en marchas estudiantiles. La más reciente fue por los sucesos de Bagua.

FUENTE:http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090920/8/node/219430/todos/15

¡Defendamos a Abimael!

Por Federico Salazar

Han puesto el grito en el cielo. Han dicho que acusarán de apología del delito a Abimael Guzmán. Se han puesto muy estrictos.
Los voceros del gobierno acusan, también, a los editores del libro de Abimael Guzmán. Lo hacen con toda energía, la misma que falta a la hora de reprimir las acciones terroristas en el Vrae.

Escribir un libro no es ni puede ser considerado un delito. Publicarlo, tampoco.

El Código Penal considera criminal al que “públicamente hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe” (art. 316). “Apología” es defensa o exaltación, no mención o interpretación.

Abimael Guzmán es un genocida. Está preso. Como preso, tiene, sin embargo, derecho a escribir un libro. Y a publicarlo.
Los condenados no pierden todos sus derechos. Conservan algunos de los fundamentales; por ejemplo, el derecho a la vida. También, el que se refiere a “la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita” (art. 2.4 de la Constitución).

Para que Guzmán perdiera el derecho a escribir y publicar se habría requerido que el juez así lo dictaminara en la sentencia. Según su defensa, eso no ocurrió.

La consagración del delito de apología es, para mí, una aberración. Creo, como dice la Constitución, que no hay delito de opinión. Creo en la validez universal y absoluta de este dogma.

Al margen de mi creencia, sin embargo, está la ley. La ley, el Código Penal en este caso, no tipifica como delito la opinión, la interpretación o el pensamiento.

El pensamiento de Guzmán es equivocado. Pero, ¿cómo demostrar su error si no podemos leerlo?

¿Acaso la mejor manera de erradicar errores de pensamiento es escondiendo el pensamiento? Al contrario. Es necesario mostrar y demostrar, discutir e iluminar.

Al esconder un pensamiento (erróneo) sólo se logra darle una dignidad que no tiene. Sólo se logra evitar su discusión, sólo se logra su mitificación.

¿Queremos exaltar las ideas de Abimael Guzmán? ¿Negamos un derecho palmario para crear una víctima, un héroe, un mito?
El gobierno debe reprimir el terrorismo. No debe perder tiempo en cortinas de humo para disimular su ineficacia. No debe conculcar los derechos de nadie.

El gobierno se pone violento con los derechos de Guzmán y se muestra débil en la acción represiva en el Vrae. Debe ser al revés. El gobierno debe usar la violencia en la lucha contra la violencia y respetar los derechos de los que tienen derechos.
Defender en esto a Guzmán es defender el estado de derecho.

FUENTE:http://www.larepublica.pe/node/219384