El desfalco cometido por Sergio Schoklender y un grupo de allegados, entre los que se cuenta su hermano Pablo, desde la Fundación Madres de Plaza de Mayo, asombra al país (Argentina).
Hoy nadie ahorra críticas contra alguien que se escudó en el prestigio de las Madres y, sobre todo, en la grosera retórica de Hebe de Bonafini, y que desde ese lugar aprovechó para robar sin escrúpulos cuantiosos fondos del Estado, destinados a viviendas sociales. Muchas figuras notorias que hasta hace pocos días compartían con Schoklender la pancarta de los derechos humanos ahora recuerdan sin tapujos su pasado de parricida.
Es difícil creer que todos los que rodeaban a este hombre hayan actuado con inocencia. No podían ignorar que Schoklender cobraba un sueldo de cinco mil pesos y, así y todo, había comprado cuatro yates, dos aviones, numerosas propiedades, tenía una empresa y varios autos de lujo y llevaba una vida disipada.
Es claro que lo ocurrido fue un desfalco sistemático que tuvo muchos cómplices.
El escándalo salpica a Hebe de Bonafini y arroja sombras sobre lo que hasta ahora se veía como una epopeya por los derechos humanos.
El país entero deberá reflexionar sobre los errores colectivos que hicieron posible el robo escandaloso que hoy nos conmueve.
En primer lugar, hay que reconocer y ratificar que el terrorismo de Estado, con su secuela de muertes, desapariciones, torturas y robo de recién nacidos, es un crimen de lesa humanidad en sí mismo. Los delitos de Schoklender y la eventual complicidad de Hebe de Bonafini no aminoran la culpa de los genocidas.
También es oportuno revisar el concepto mismo de derechos humanos. Los organismos que los defienden, entre ellos las Madres, suelen exhibir una visión sesgada al respecto, al politizar sus campañas y circunscribirlos solo a las víctimas de la dictadura. Al defender a organizaciones terroristas que secuestran y matan a ciudadanos inocentes, como Al Qaeda, Hezbollah, ETA o FARC, Hebe de Bonafini demostró que el sufrimiento propio y el de sus hijos nunca la ayudó a comprender el dolor de los demás. Esto, por cierto, tampoco atenúa la locura criminal del terrorismo de Estado, que quebrantó el orden legal para destruir, desde el Estado, el orden moral.
Fue muy irresponsable Hebe al brindar amparo y legitimación a un hombre condenado por los jueces de la democracia por un crimen espantoso: la muerte de los padres, que nunca deja de perturbar la conciencia del asesino, aunque haya purgado su condena.
Schoklender es un hombre sin escrúpulos que construyó una fábula sobre su propio crimen y no dudó en poner a su favor el genocidio y la lucha de las Madres. Incluso deslizó una excusa ridícula y atribuyó el asesinato a Emilio Massera, como si alguna vez los grupos de tareas hubieran necesitado coartadas para sus crímenes.
Las Madres y las Abuelas, porque sufrieron en carne viva el terrorismo de Estado, debieron saber que se trataba de una artimaña.
Tampoco debieron ignorar que Pablo Schoklender fue recapturado en Bolivia cuando lo detuvieron por librar cheques sin fondos, es decir, por una estafa.
Es cierto que Hebe de Bonafini no tiene buenos antecedentes en cuanto al manejo de dinero. La fractura de las Madres Línea Fundadora se produjo por las dudas que les generaba el manejo poco claro, por parte de Hebe, de la asistencia financiera que llegaba a la organización desde Europa.
Hoy comienza a prevalecer la impresión de que las andanadas de insultos, agravios y expresiones de violencia verbal que cultiva Hebe no son otra cosa que recursos para frenar cualquier control sobre sus manejos.
Esta amarga experiencia debe servir para recordar que la administración de fondos públicos sin ningún control externo solo puede derivar en corrupción. También deja como conclusión que ni el coraje de quienes buscan justicia ni la legitimidad de una causa son garantía de idoneidad en cuestiones de gestión pública.
