El presidente de Bolivia, Evo Morales, vive hoy desde el otro bando la pesadilla de los conflictos sociales, de los que, en los primeros cinco años de la década pasada, fue uno de sus principales protagonistas desde los sindicatos cocaleros. Lo que ignoraba es que no solo iba a probar de su propia medicina, sino que soportaría el mayor número de expresiones de descontento registrado en los últimos 41 años.
El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) de Cochabamba ha informado de que el número de conflictos sociales (entre huelgas, protestas callejeras, cierre de carreteras o de calles y rebeliones en las cárceles) en las ciudades bolivianas ha llegado a 811 en el año 2010, con un promedio de 67 conflictos mensuales. En el primer trimestre de 2011, según cifras preliminares, se han producido 240 conflictos (67 en enero, 91 en febrero y 82 en marzo), en comparación con los 207 registrados en ese mismo periodo de 2010.
El estudio, dirigido por el investigador Roberto Laserna, hace un detallado recuento del conflicto social en Bolivia desde 1970 y señala su incidencia en el desarrollo y el crecimiento del país. El segundo Gobierno más afectado por los conflictos sociales en esta década fue el de Carlos Mesa, justamente cuando uno de los principales contestatarios era Evo Morales y, desde el retorno de la democracia, en 1982, la Administración de Hernán Siles Zuazo soportó importantes olas de protesta social.
El Gobierno de Morales, caracterizado por su enorme peso político y por un control casi total de los aparatos del Estado, ha mostrado una débil capacidad de gestión gubernamental; los conflictos sociales, sin ánimo de derrocar a Morales, intentan obligar al Gobierno a ser más operativo en la concreción de sus planes y proyectos, explica Laserna.
El creciente descontento de los trabajadores ha arreciado en los últimos siete días en todo el país, especialmente hoy, cuando las protestas se han radicalizado con el cierre de las vías de acceso a La Paz, a Cochabamba, a Trinidad, mientras que las Centrales Obreras departamentales de Chuquisaca, Potosí y Tarija han hecho público su rechazo al principio de acuerdo que se alcanzó el lunes por la mañana entre el Gobierno del presidente Morales y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por su máximo líder, Pedro Montes.
El documento, de ocho puntos, está en consulta entre los trabajadores de base, pero ya ha ocasionado una aparente fragmentación de la COB. Los dirigentes de la Federación de Mineros, de la que Montes es afiliado, aprobaron los logros en la negociación con el Gobierno, pues lograron que se proceda a la abrogación de las disposiciones legales que permitieron la vigencia de un modelo económico de libre mercado.
Los principales sindicatos afiliados a la COB han adelantado el rechazo a ese documento porque no atiende favorablemente su demanda de incremento salarial mayor al 10% que el Gobierno aprobó con retroactividad a enero de 2011.
"Vamos a seguir en las calles. El aumento salarial del 10% no satisface nuestras necesidades", declaró en Cochabamba el docente Johnny Milán y coincidió con otros líderes sindicales en convocar mayores protestas callejeras; Milán advirtió también que la clase laboral va a considerar como "una verdadera traición si la COB resuelve firmar el acuerdo".
El Gobierno se niega a atender el aumento salarial a por lo menos un 15%, porque puede comprometer un mayor déficit, que, reveló el ministro de Hacienda, Luis Arce, es de 880 millones de dólares. El aumento supondría que el déficit del Tesoro General de la Nación subiría a 913 millones. Las protestas se expresan con mayor fuerza en la sede de Gobierno, La Paz, donde continúan llegando decenas y decenas de trabajadores, maestros y universitarios de todo el país, con el fin de arrancar de Morales un mayor incremento salarial para compensar, señalan, la subida en espiral de los precios de los alimentos tras la ya suspendida "nivelación" de los precios subvencionados de la gasolina con los costes del mercado internacional.
A estas protestas, las más duras en el Gobierno de cinco años de Morales, se suma el amotinamiento de los presos de las cárceles de todo el país, que rechazaron un 20% de aumento para la asignación diaria para alimentos (desayuno, almuerzo y cena), que la dejó en 6,60 bolivianos (66 centavos de euro), y exigen al menos 10 bolivianos (un euro), dado que este monto se comparte generalmente con la familia. Pero además, los 10.000 presos ?de los que 7.600 no tienen sentencia? protestan por el hacinamiento en el que se les obliga a vivir en la gran mayoría de los penales bolivianos.
Y existen muchos otros problemas sociales que pueden considerarse menores en la globalidad, pero que han provocado que muchos vecinos se involucren y participen en el cierre de carreteras, en las huelgas y en ayunos, como medida para llamar la atención de las autoridades y lograr así un puente, una escuela, o el aumento de precios de la leche natural para los pequeños productores. Incluso algunos estudiantes han llegado a coserse la boca para que se incremente el número de postulantes en las escuelas para maestros.
