No es la primera vez que ocurre. La brutalidad de la policía marroquí es conocida de sobra por la población de El Aaiún y de otras localidades saharauis que padecen, igualmente, la ocupación. Tampoco es la primera vez que les ocurre a ciudadanos españoles. Pero no por conocido y reiterado deja de ser menos indignante.
Imagínense cuál es el trato que recibe a diario la población saharauí si un nutrido grupo de españoles es molido a palos con total desprecio y sin ningún tipo de cortapisas. En el caso de los saharauis, que no tienen un Estado potente detrás que pueda realizar protestas diplomáticas, laimpunidad de la policía marroquí es absoluta. Claro que no parece, ni en esta ocasión ni en muchas otras, que el Estados español proteste demasiado por lo que les ocurre a sus ciudadanos en El Aaiún, aunque hayan recibido un trato brutal y vejatorio.
Del salvajismo de las fuerzas de ocupación marroquíes da cuenta el rostro de Carmen Roger, con el pómulo izquierdo convertido en un trozo de carne hinchado, tumefacto y negro, o las costillas de Pablo Monedero. Ellos pertenecen al grupo de activistas de la ONG SaharAcciones que intentaron expresar su solidaridad y apoyar las reivindicaciones de independencia de la población saharaui.
El trato ha sido brutal y despiadado, Y también ilegal, incluida la detención de los activistas españoles. Se puede argumentar, y a ese discurso legalista se han agarrado o se agarran algunos, que los activistas estaban en El Aaiún como turistas y por lo tanto no tenían autorización para participar en una manifestación política. Este argumento no exime a la policía marroquí de tratar a cualquiera, sea español, saharaui, o australiano, respetando sus derechos, empezando por su integridad física.
Pero es que además estamos ante un caso en el que la ilegalidad viene por parte de Marruecos, porque es un país que ocupa y se ha anexionado un territorio, el Sahara Occidental, contra la voluntad de su población y sin reconocimiento internacional, ni de la ONU ni de la Organización para la Unidad Africana (OUA).
Por lo tanto se trata, según la legislación internacional, de una potencia ocupante que no puede imponer su ley. No hay ni legitimidad ni legalidad en la actuación de la policía marroquí en el territorio del Sahara y eso lo saben todos los organismos internacionales y todos los países, incluidos los que prefieren mirar para otro lado antes de asumir, como en el caso de España, responsabilidades históricas y defender con hechos un discurso sobre respeto a los Derechos Humanos que se queda, una vez más, en papel mojado.
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