VENEZUELA YA ES PRÁCTICAMENTE UNA DICTADURA
En un hecho que ha recibido críticas tanto dentro como fuera de Venezuela, la justicia venezolana detuvo ayer al presidente de la televisora privada Globovisión, Guillermo Zuloaga, por supuestamente difundir información falsa y ofender al mandatario Hugo Chávez.
Zuloaga "fue denunciado por la supuesta comisión de los delitos de divulgación de información falsa y de ofensa o vilipendio al presidente de la República", explicó la fiscal general Luisa Ortega.
La Fiscalía procedió a emitir la orden de captura porque se enteró que el empresario pretendía evadir la justicia. El empresario fue retenido en la ciudad de Punto Fijo, desde donde se disponía a viajar a Bonaire con su familia para unas breves vacaciones.
La decisión judicial se basa en unas declaraciones hechas por el presidente de Globovisión el pasado fin de semana en la isla de Aruba (Antillas Holandesas), en las que acusó a Chávez de ser responsable de la muerte de venezolanos durante el golpe de Estado fallido que lo sacó dos días del poder en 2002.
"Es un atropello más", dijo Zuloaga por teléfono a Globovisión. "No tengo intenciones de irme de Venezuela ni ahora ni más adelante", agregó. Los delitos por los que se señala al empresario conllevan penas de entre 3 meses y 5 años de cárcel.
El diputado oficialista Manuel Villalba, quien presentó el miércoles la denuncia, se mostró complacido por la decisión de la justicia.
Reacciones. Las reacciones a su detención no se hicieron esperar.
"El gobierno está mandando un mensaje y es que no podemos opinar, que nos autocensuremos", declaró en un comunicado el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT).
Por su parte, el editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció que en el país "el delito de opinión se está convirtiendo en una manera de llevar a la gente que se opone al régimen a la cárcel".
"Me preocupan las repercusiones políticas nacionales e internacionales de esta situación, y por ello solicito a las autoridades venezolanas la pronta liberación del señor Zuloaga y que, si se decide juzgarlo, se haga respetando la presunción de inocencia y otorgándole todas las garantías que la ley le asegura", dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza, en un comunicado.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta es una muestra más que el gobierno de Venezuela usa el poder del Estado para perseguir a adversarios políticos.
Zuloaga "fue denunciado por la supuesta comisión de los delitos de divulgación de información falsa y de ofensa o vilipendio al presidente de la República", explicó la fiscal general Luisa Ortega.
La Fiscalía procedió a emitir la orden de captura porque se enteró que el empresario pretendía evadir la justicia. El empresario fue retenido en la ciudad de Punto Fijo, desde donde se disponía a viajar a Bonaire con su familia para unas breves vacaciones.
La decisión judicial se basa en unas declaraciones hechas por el presidente de Globovisión el pasado fin de semana en la isla de Aruba (Antillas Holandesas), en las que acusó a Chávez de ser responsable de la muerte de venezolanos durante el golpe de Estado fallido que lo sacó dos días del poder en 2002.
"Es un atropello más", dijo Zuloaga por teléfono a Globovisión. "No tengo intenciones de irme de Venezuela ni ahora ni más adelante", agregó. Los delitos por los que se señala al empresario conllevan penas de entre 3 meses y 5 años de cárcel.
El diputado oficialista Manuel Villalba, quien presentó el miércoles la denuncia, se mostró complacido por la decisión de la justicia.
Reacciones. Las reacciones a su detención no se hicieron esperar.
"El gobierno está mandando un mensaje y es que no podemos opinar, que nos autocensuremos", declaró en un comunicado el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT).
Por su parte, el editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció que en el país "el delito de opinión se está convirtiendo en una manera de llevar a la gente que se opone al régimen a la cárcel".
"Me preocupan las repercusiones políticas nacionales e internacionales de esta situación, y por ello solicito a las autoridades venezolanas la pronta liberación del señor Zuloaga y que, si se decide juzgarlo, se haga respetando la presunción de inocencia y otorgándole todas las garantías que la ley le asegura", dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza, en un comunicado.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta es una muestra más que el gobierno de Venezuela usa el poder del Estado para perseguir a adversarios políticos.
