LIMA | CARACAS. Ahora salir a protestar en las calles de Venezuela puede costar la libertad si es que para la justicia esto busca desestabilizar al gobierno, lo cual es tipificado como un delito de rebelión civil. Aunque estas líneas parezcan insólitas son una realidad, y ha sido anunciada ayer por la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, quien hace unos días buscó -en vano- que la Asamblea Nacional (Congreso) debata una polémica ley que pretendía amordazar a los medios de comunicación contrarios al régimen del presidente Hugo Chávez.
"A quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el gobierno o atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento", dijo Ortega a través de un comunicado oficial, el cual aparece tras una semana de manifestaciones opositoras que fueron repelidas de manera violenta.
Para Ortega, algunas personas buscan "cualquier motivo para marchar, para crear caos, lo que sea, lo que quieren es desestabilizar (...) incitando incluso a la desobediencia de las leyes". Estas conductas "encajan perfectamente en el delito de rebelión civil", el cual establece penas de prisión de 12 a 24 años, rezaba el comunicado.
Criminalizan un derecho. La oposición ha puesto el grito en el cielo tras este anuncio, pues asegura que sólo pretende "criminalizar la protesta social".
El secretario general del tradicional partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), Henry Ramos, calificó de "abominable" e "insólita" la postura de Ortega, a quien acusó de tenerlo todo coordinado con Chávez. Y el dirigente William Ojeda, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, dijo que esto "criminaliza el ejercicio de un derecho como lo es el protestar" y denunció que la fiscal utiliza "el sistema de justicia como un instrumento de persecución política e ideológica".
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