miércoles, 30 de septiembre de 2009

Aprodeh disculpa la violencia



ABOGADO ENRIQUE GHERSI ALERTA QUE CON DELITO DE "HOMICIDIO CULPOSO" RESPONSABLES DE MUERTES NO TENDRÍAN CÁRCEL EFECTIVA


LIMA Roxana Huigua, viuda del capitán PNP Giuliano Villarreal, y Flor Vásquez, viuda del coronel PNP Miguel Antonio Montenegro Castillo, tienen mucho en común: ambas perdieron a sus esposos en los lamentables sucesos de Casapalca y Bagua, respectivamente.Pero hay más. Las dos coinciden en que fueron víctimas de la indolencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se jactan de defender los derechos humanos.
Huigua perdió a su esposo en noviembre del 2008, cuando una piedra lanzada por un manifestante le cayó en la sien matándolo instantáneamente. Ella se encontraba con siete meses de gestación de su segundo hijo cuando conoció la fatal noticia.Sin embargo, y pese a su avanzado estado de gravidez, ni una sola ONG se acercó a su domicilio para ofrecerle ayuda legal.
La joven viuda reveló indignada que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) asumió la defensa del secretario general de los trabajadores mineros de Casapalca, Pedro Condori Laurente, denunciado por el delito de homicidio culposo de su esposo."Me da mucha indignación. Aprodeh está velando por los intereses de Pedro Condori, un hombre violento. Él ha azuzado a la gente para que haga ese tipo de manifestaciones, pero lo defienden, y todo parece indicar que no tendría pena de cárcel", expresó.Reveló que luego de casi un año de la muerte de su esposo, no hay ninguna organización que quiera representarla legalmente. Por eso se reunió ayer con el congresista Luis Gonzales Posada solicitándole ayuda.Luego de más de dos horas de reunión, el parlamentario le ofreció respaldo legal al recordar que pese a que hay docenas de efectivos que mueren en cumplimiento de su deber, muchos de ellos son olvidados, marginados y hasta ofendidos.
Un claro ejemplo de ello son las declaraciones que ofreciera el abogado de Aprodeh Wilfredo Ardito al noticiero A Primera Hora de Frecuencia Latina. "Que los policías corran. Y no que� la intención� su intención puede ser bloquear la pista, no que un policía muera", dijo, para luego denunciar una supuesta represalia contra los acusados por sus actividades como dirigentes sindicales.
Huigua lamentó este increíble comentario y destacó más bien que el fondo del asunto es otro: el tema es que el bloqueo de carreteras es un delito y su consecuencia puede ser fatal.DEFENSA. A su turno, Flor Vásquez, viuda del coronel PNP Miguel Montenegro, degollado por los nativos en la Estación N°6 el último 5 de junio, reveló que el Instituto de Defensa Legal (IDL), organismo que ayudaba legalmente a la familia de los policías asesinados, renunció a continuar con su asesoría legal.Explicó que el motivo que esgrimió la ONG fue la elevada carga laboral que enfrenta.
Además, dicha organización considera que su sola presencia en la denuncia que la viuda presentará en contra del Estado Peruano puede significarle un duro revés antes que una ayuda.Pese a todo, la viuda de Montenegro aseguró que llevarán adelante la denuncia contra el Estado Peruano al sindicarlo como el principal responsable de la muerte de los 24 policías.SIN PENA.
De otro lado, el jurista Enrique Ghersi confirmó que los manifestantes que vienen siendo procesados por el delito de homicidio culposo no serían condenados con pena de cárcel efectiva debido a que así lo establece la ley.Explicó que la figura del homicidio culposo contempla una tipificación que establece sanciones leves, pues considera que la muerte se produjo por accidente."En el caso de manifestaciones callejeras, si una persona muere por casualidad cuando le cae una piedra, se considera que no hubo intención de matar, en consecuencia, es un típico homicidio culposo. No es justo, pero sí legal", afirmó.
Ante esta situación, Ghersi propuso que el Congreso modifique el Código Procesal en el extremo del delito de homicidio culposo con el fin de que las penas bajo este delito sean de cárcel efectiva. Estado ha cumplidoLos familiares de los policías fallecidos en los disturbios de la minera Casapalca, en la sierra del departamento de Lima, así como de los que perecieron en Bagua, revelaron a Correo que el Estado Peruano ha cumplido con el pago de pensiones y otros beneficios económicos.
Flor Vásquez, viuda del coronel PNP Miguel Antonio Montenegro Castillo, señaló que el pago de la pensión a las esposas se ha otorgado de manera rápida, aunque en el caso de las madres ha sido más lento. "Pese a todo, a la larga se ha solucionado todo de manera favorable", agregó. Reveló también que el Ministerio de Vivienda está apoyando con un bono a los familiares de los policías fallecidos.

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