La polémica creada en torno al Decreto Legislativo 1097 ha puesto al Gobierno en el ojo de la tormenta y ha generado un clima de inestabilidad que va en contra del rápido crecimiento del país.
Dimes y diretes, amagos de renuncias, enfrentamiento de ministros, conferencias, todo, en pocos días, tras la promulgación de una norma que permitiría la cancelación de juicios por crímenes de lesa humanidad a militares y policías.
El último 1 de septiembre el Gobierno emitió el DL 1097, el mismo que lleva la firma del presidente de la República, el ministro de Defensa, Rafael Rey, y el de Justicia, Víctor García Toma. Sin embargo, la polémica tomó cuerpo cuando el titular de Justicia dio cuenta de la existencia de dos versiones del Decreto, señalando que la versión que presentó Defensa no es aceptable y amenazó con renunciar al cargo.
Según el DL 1097, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad solo surte efecto a partir del 2003. Pero, según la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, a la que el Perú esta adherida, “Los crímenes de guerra y de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.
“El DL sienta las bases para una amnistía encubierta”, como señala Susan Lee, directora del Programa América de Amnistía Internacional.
“Es una segunda ley de amnistía”, apunta Carlos Rivera, abogado de IDL.
Aprovechando la coyuntura, el último viernes 3, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), el general (r) Juan Rivero Lazo, solicitó el archivamiento de su proceso judicial por la Matanza de Barrios Altos. Y el último lunes, hicieron lo mismo los agentes del Grupo Colina y el propio Vladimiro Montesinos.
La alerta se encendió y hoy, 37 congresistas de diferentes bancadas han firmado una acción de inconstitucionalidad a la norma y la han presentado al Tribunal Constitucional (TC), para impedir que los procesados por crímenes de lesa humanidad se acojan a este Decreto Legislativo.
Terra recogió las posturas de congresistas de diferentes bancadas, especialistas en Derechos Humanos y ONGs.
Fernando Rospigliosi (Periodista) - “Es parte de la alianza del APRA con el fujimorismo”
Todo esto es parte de la alianza que tiene el APRA con el fujimorismo, esa es la verdad y queda demostrado con la firma de este Decreto Legislativo.
Rafael Rey está detrás de esto, recordemos que esta es su posición y la mantiene desde hace varios años, de defender a los violadores de lsta es su posición y la mantiene desde hace varios años, de defender a los violadores de los Derechos Humanos (…) La novedad y lo grave es que García acepte este punto de vista en el Gobierno.
Asimismo, el periodista señaló que “felizmente” la reacción ha sido rápida y fuerte, resultó que muchos organismos internacionales que defienden los Derechos Humanos se han pronunciado en contra, y el Perú queda mal ante esto, demostrando impunidad y, por ende, afectando al Gobierno.
Daniel Abugattas (Congresista Bancada Nacionalista)- “El Gobierno quiere distraer, el APRA miente descaradamente”
Esta ley tiene nombre propio y pone límites a los crímenes de lesa humanidad(…) Los Colina ya han solicitado acogerse a este DL, y ahora el Gobierno quiere distraer, el APRA miente descaradamente.
Lo que dice la ley se aplica a todos y en cualquier etapa del proceso.
Lo más grave de la norma, es que dada la inconstitucionalidad, cualquier delincuente con 14 meses y un día en prisión, y que todavía no ha sido juzgado, se puede declarar inocente por exceso de carcelería.
Carlos Raffo (Congresista Fujimorista)- “El DL se ha ‘colonizado’ por las ONGs, este decreto acaba con el negocio de ellos”
Nosotros, como bancada fujimorista, estamos de acuerdo con el Decreto, para que los procesador que tienen más de 15 años presos y todavía no tienen una sentencia, se puedan acoger.
Acaso no va en contra de los Derechos Humanos que una persona pase 15 años en prisión y no sea juzgada (…) Es una aberración de los DD.HH., ellos no tienen ONG y tampoco Estado, están abandonadas.
En estos juicios eternos solo ganan los abogados y las ONG (…) Este Decreto acaba con sus negocios, sus ‘business’ y su chamba (…) Ellos solo quieren ‘sangrar’, por eso satanizan el Decreto, porque amenaza su estabilidad laboral.
Raffo afirma que su bancada está a favor del fondo, pero que en la forma hay que ponerle candado para que los Colina y otros no se apeguen a este Decreto Legislativo.
Martin Scheinin (Relator de la ONU)- "DL 1097 refuerza la impunidad"
Por su parte, el relator de las Naciones Unidas para la protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, señaló hoy en Lima que observa un clima de impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad que favorece a ex funcionarios y que el actual gobierno parece estar fortaleciendo con el DL 1097.
“Mi percepción de un clima de impunidad, que ya existe, se ha reforzado mediante el nuevo decreto legislativo 1097 que parecería someter a prescripción los procesos penales contra perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos en Perú antes del 9 de noviembre de 2003”, dijo Scheinin.
“Dará pie a violaciones del derecho internacional (…) Hay una división muy clara acerca de si se debe seguir adelante con los enjuiciamientos o si sería mejor ponerlos debajo de la alfombra, lo que sería equivalente a la impunidad”, concluyó.
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