LA HAYA,
PAÍSES BAJOS
La emisión de esos mandatos se produce en momentos en que la campaña de bombardeos de la OTAN para ayudar a los rebeldes dura ya 100 días, y el conflicto parece estancarse. Gadafi sigue entretanto en el poder.
Los tres hombres están acusados de ser responsables de asesinatos y persecuciones cometidos por las fuerzas de seguridad libias contra la población civil, desde que estallara la revuelta popular a mediados de febrero, especialmente en Tripoli, Bengasi y Misrata.
La revuelta en Libia ha causado miles de muertos, según el fiscal de la CPI. Provocó además la fuga al extranjero de 650.000 libios y el desplazamiento en el interior del país de 243,000 más, según la ONU.
El domingo, en nombre de Africa, el presidente sudafricano Jacob Zuma se indignó contra la OTAN, destacando que ésta no tenía un mandato de la ONU para llevar a cabo "el asesinato político" de Gadafi.
Entretanto, ese mismo día en Libia la rebelión hizo retroceder 20 km a las fuerzas leales a Gadafi, y se encontraba a unos 50 km de la capital, avanzando hacia el cerrojo estratégico de Bir al Ghanam.
Según el ministro de Relaciones Exteriores francés Alain Juppé, "hubo contactos" entre representantes del régimen libio e insurgentes, relativos en particular a la suerte de Gadafi, que se niega a dejar el poder.
A solicitud el 26 de febrero del Consejo de seguridad de Naciones Unidas, el fiscal de la CPI inició su investigación el 3 de marzo.
"Las pruebas demuestran que Gadafi ha concebido un plan para reprimir por todos los medios las manifestaciones populares de febrero, incluyendo la violencia extrema y homicida", afirmó Moreno-Ocampo en su demanda.
Seif al Islam, de 39 años, "primer ministro de facto", y Abdalá Al Sanussi, de 62 años, el "brazo derecho del coronel Gadafi, "desempeñaron un papel clave en la puesta en marcha de este plan", según Moreno-Ocampo.
Sólo un jefe de Estado en ejercicio, el presidente sudanés Omar el Beshir, es hasta ahora objeto de un mandato de detención de la CPI. Buscado por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur (Sudán), Beshir no reconoce la competencia de la CPI, a la que desafía regularmente.
La CPI, que entró en funciones en 2002, no dispone de una fuerza policial y depende de la voluntad de los Estados para la ejecución de las órdenes de arresto.
Esta Corte tiene competencia en Libia en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad del 26 de febrero, algo que cuestionan las autoridades libias, quienes afirman que sus decisiones no le "conciernen", en la medida en que no han ratificado el estatuto de Roma, el tratado que la fundó.
La CPI es el primer tribunal internacional permanente encargado de procesar a los presuntos autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
