Foto: EPAF
Por: Gisela Ortiz Perea (hermana de Enrique, víctima del caso “La Cantuta” e integrante EPAF) para Spacio Libre
Cuando en la década de los 80, Sendero Luminoso
empezó a sembrar el terror en las comunidades del sur de Ayacucho, asesinando a
sus comuneros, quemando sus casas, los días no fueron los mismos para el
distrito de Morcolla en la provincia de Sucre.
Marina Salazar tenía
en ese entonces seis hijos con Cecilio Huamaní Choque, quien era gobernador: “Él era muy buen esposo, y se portaba
bien con la comunidad, hasta que vino Sendero y se lo llevó. Él era negociante,
juntaba ganados.”
Natalia Sancca vivió
lo mismo con su padre, Inocencio Sancca Rimachi: “Somos
cuatro hijos, mi papá era bueno, ya no supimos nada de él”.
Marcelino Díaz Ñahui
corrió la misma suerte. Rosa Rojas Puchuri, su esposa, espera hasta hoy una
respuesta: “No hemos recibido nada de las
autoridades, a mi esposo lo mataron porque era profesor”.
Indalicia
Huataquispe Mendoza es hija de Víctor Huataquispe Marca, otra víctima de
Sendero: “Mi papá fue asesinado por el
terrorismo en el año 84, era buen padre, siempre lo recordamos”.
Foto:
EPAF
Estas cuatro mujeres
miran los ataúdes de sus seres queridos, pero no están en un cementerio, están
en la casa de una de las viudas desde hace 30 días, desde hace un mes. Allí
llegaron a parar sus restos cuando el 07 de noviembre del 2012, les fueron
entregados por la Fiscalía en ceremonia pública en Huamanga, para luego
dejarlas en el completo abandono: “Estamos
preocupados por enterrarlos, no tenemos nada, hemos solicitado a los alcaldes,
autoridades, apoyo pero no nos ha podido dar” nos dice acongojada
Indalicia:“Nosotras mismas hemos traído con la
ayuda de Cruz Roja, desde Huamanga hasta acá Morcolla, pero no tenemos recursos
para poder enterrarlos.”, expresa entre sollozos.
Encontrar y devolver a los familiares de las
víctimas los restos de sus seres desaparecidos, por los cuales han pasado años
de angustia tratando de saber qué pasó con ellos, es un deber del Estado, deber
que no queda en la sola entrega y restitución. Hoy son cuatro casos que
conocemos pero que son más y se repiten en Ayacucho, Apurímac o Huancavelica en
las regiones más golpeadas por la violencia política y también pobres de
nuestro país.
¿Acaso esas víctimas no tienen derecho a descansar?
¿Acaso los familiares no tienen DERECHO a cerrar el ciclo de duelo y descansar
de tanto dolor provocado? ¿Acaso el Estado no puede atenderlos con respeto y
humanidad? El entierro digno, es también un derecho de los
familiares; es parte del derecho a la REPARACIÓN. Reparación a la pérdida del
ser querido, a no haber podido velarlos en las épocas del terror para
despedirse, a enterrarlos como han podido asumiendo todos los gastos en medio
de su pobreza.
El 10 de diciembre se conmemora el día
Internacional de los Derecho Humanos, cómo podemos los peruanos celebrar este
día de NUESTROS derechos reconocidos a nivel mundial cuando hay hermanos que no
pueden enterrar a sus esposos, a sus padres porque no tienen dinero.
Hasta cuándo este reconocimiento a nuestros
derechos tiene que ser una mendicidad frente a un Estado que los desampara como
hace 30 años y como lo sigue haciendo ahora con estos 4 morcollinos: Cecilio
Huamaní, Inocencio Sancca, Marcelino Díaz y Víctor Huataquispe.
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