martes, 31 de marzo de 2009

Recuperan cuatro cuerpos más de indígenas colombianos asesinados por las FARC

El grupo de 600 indígenas colombianos que partió desde la semana anterior en búsqueda de los cadáveres de ocho nativos de la etnia Awá, asesinados el mes anterior por las Farc en una zona rural del municipio de Barbacoas (suroeste), halló otros cuatro cadáveres de las victimas, informó hoy la Onic.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) aseguró que entre las víctimas se encuentran dos mujeres que tenían avanzado estado de embarazo. Con el nuevo hallazgo se incrementó a siete el número de cadáveres encontrados.

La "minga humanitaria", como los indígenas llaman a la jornada, se inició hace una semana y busca además de los restos de los nativos, el paradero de otros 16 awá que se encuentran desaparecidos.

La búsqueda se realiza en una zona rural del caserío El Bravo (Barbacoas) y según la Onic los nativos han recibido información de que algunos cuerpos de las víctimas fueron arrojados al río Bravo.

"Este domingo ingresó a la zona la comisión técnica forense de la Procuraduría General de la Nación, acompañada por algunos miembros de la guardia indígena para realizar las diligencias de reconocimiento y levantamiento de los cadáveres, hoy en coordinación con las autoridades se llevará a cabo esta misión", indicó la Onic.

Los indígenas que participan en el rastreo de la zona aseguraron que continuarán realizando la caminata "firmes, sin desfallecer a la lucha y con mucha esperanza en el acto humanitario que busca la verdad de lo sucedido y propender porque actos como este no queden en la impunidad".

De igual forma exigieron al Ejercito y a los actores armados legales e ilegales, que están presentes en la región, a abstenerse "de realizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida e integridad de las personas que conforman la 'minga humanitaria' o que perturbe su desarrollo".

"Como población civil que somos, autónomos frente al conflicto y frente a los actores armados, exigimos se nos respete esta condición y no haya agresión contra la minga ni contra ninguna de las personas que la conforman", manifestaron.

Los ocho indígenas fueron asesinados en la primera semana de febrero por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que pocos días después de la masacre la reconocieron como tal y tildaron a los nativos de ser informantes del Ejército.

El homicidio de los awá generó un desplazamiento de cerca de 1.300 indígenas de esa comunidad y fue condenado por la Organización de Naciones Unidas, que pidió a las Farc devolver los cadáveres.

Fuente: http://www.latercera.com/

miércoles, 25 de marzo de 2009

YUYANAPAQ PARA RECORDAR



Muestra fotográfica que narra parte de los hechos ocurridos entre 1980 y 2000 e intenta reconstruir la memoria visual de un periodo de conflicto armado interno que causó la muerte y desaparición de más de 70 mil personas.

La muestra, curada por las fotógrafas Mayu Mohana y Nancy Chappell, presenta 182 fotos que escogidas después de la investigación que realizó la Comisión de la Verdad sobre cerca de 80 archivos fotográficos a nivel nacional, incluyendo archivos privados, medios de comunicación, agencias de noticias, Fuerzas Armadas y Policiales, instituciones de derechos humanos, vicariatos y álbumes familiares.

Este esfuerzo es para que la generación de hoy no olvide y la del mañana conozca lo que sucedió. Para que el terror de las decenas de personas retratadas no pase en vano y que nos enseñen como país a aprender de nuestros errores, para que las voces que cuentan su desgarradora historia nos muestren un camino que no debemos recorrer nunca más y para ponerle un rostro a esos doce años de constante laceración.
FUENTE: www.arteyletras.com

miércoles, 18 de marzo de 2009

Levantan seis cadáveres de fosa de Huanta

En el octavo día de exhumaciones, peritos forenses de Ayacucho levantaron los restos óseos de otras 3 personas asesinadas por agentes de la Marina de Guerra en el 84 en la provincia de Huanta.

Hasta la fecha suman 6 cuerpos levantados hasta el momento, que fueron asesinados entre julio y agosto de 1984.

En tanto, 8 están expuestos en la fosa común del cementerio de Huanta a la espera de su levantamiento que sería mañana martes 17, informó Karim Ninaquispe, representante legal de la Asociación para el Desarrollo Runamasinchiqpaq (ADEHR).

“El levantamiento de los 14 cuerpos hallados hasta el momento se está realizando con el mayor cuidado posible debido a que los restos óseos están en bolsas deterioradas por los años, por lo que podrían desintegrarse si no se guarda la más mínima precaución”, explicó la abogada, que representa a más del 90% de las víctimas.

Ninaquispe Gil agregó que el Equipo Especializado Forense de Ayacucho del Instituto de Medicina Legal (EFEA-IML) continuará mañana con el levantamiento de los cuerpos. “Se presume que debajo de estos cadáveres hay más restos, dado que los testimonios de los que enterraron a las 50 víctimas aseguran que en esta primera fosa se colocaron alrededor de 30 cuerpos”, señaló.

Los 50 cadáveres exhumados en el cementerio de Huanta fueron hallados el 23 de agosto de 1984 en tres fosas del paraje de Pucayacu. Estos cuerpos fueron necropsiados pero no pudieron ser identificados en aquel tiempo, por lo que fueron enterrados como NN en dos fosas comunes del referido camposanto.

Los cuerpos que estarían en las fosas del cementerio de Huanta serían del periodista Jaime Ayala Sulca, Juan Medina Garay, Cirilo Barboza Sánchez, Alejandro Gutiérrez Taype, Graciela López Medina, Santiago Loayza Cahuana, 43 comuneros de Culluchaca, seis desaparecidos de la comunidad de Uyuviri, entre otros desaparecidos.

Cabe precisar que el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) actúa como perito de parte en esta diligencia preliminar.

FUENTE: Diario La República 18/03/09

lunes, 16 de marzo de 2009

DDHH-PERÚ: Exhuman a víctimas del esfumado "comandante Camión"



LIMA, 11 mar (IPS) - Entre la osamenta que se está exhumando en una fosa común del cementerio de Huanta, en los Andes del sur de Perú, Boris Ayala espera encontrar los restos de su padre Jaime Ayala, periodista como él, secuestrado por militares en 1984 y desaparecido desde entonces.

Boris y los familiares de otras 49 personas desaparecidas siguen con atención desde el lunes las excavaciones de un equipo de peritos forenses en el Cementerio General de Huanta, región de Ayacucho, ordenadas por la justicia para identificar los huesos mediante pruebas de ADN.

El presunto responsable de estos crímenes desapareció en 1986, pero hay indicios de que tuvo más suerte que los enterrados en Huanta.

Se supone que la fosa guarda los restos de personas desaparecidas entre julio y agosto de 1984, cuando efectivos de la marina de guerra instalaron una base en el estadio de fútbol de Huanta, al mando del capitán de corbeta Álvaro Artaza, más conocido por "comandante Camión".

Fuerzas del Estado libraban por entonces una guerra contra las guerrillas izquierdistas de Sendero Luminoso, de orientación maoísta, y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. El conflicto dejó unas 70.000 víctimas civiles entre 1980 y 2000, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

"Me hice periodista para descubrir cómo mataron a mi padre, para saber dónde se encuentra su cuerpo y para llevar a los tribunales a los responsables", dijo a IPS Boris Ayala. "No voy a descansar hasta conocer toda la verdad".

En agosto de 1984, numerosos cadáveres fueron hallados en una fosa clandestina en una zona desolada de las afueras de Huanta. Las autoridades alegaron que no contaban con recursos para identificarlos y resolvieron enterrarlos en una tumba colectiva en el cementerio municipal.

Cuando fue secuestrado, Jaime Ayala era corresponsal del diario limeño La República y dirigía un programa noticioso en Radio Huanta 2000. En sus frecuentes crónicas sobre el conflicto daba cuenta de la extrema violencia con que los militares trataban a sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso.

Ayala también informaba de las protestas de los familiares de víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones, así como de acciones sangrientas de los senderistas.

El 31 de julio de 1984, La República publicó una crónica de su corresponsal sobre una matanza, presuntamente cometida por senderistas, y un fusilamiento de pobladores atribuido a militares. Sería el último artículo de Jaime Ayala, que tenía entonces 22 años. El 2 de agosto decidió ir en busca del "comandante Camión".

En esa fecha "mi padre se enteró de que, el día anterior, una patrulla de marinos ingresó en la casa de su madre y que la golpearon a ella y a sus hermanos, sin razón alguna. A mi abuela la amenazaron con un arma y le advirtieron que no denunciara lo que había ocurrido", relató Boris Ayala.

"Muy molesto, acompañado del administrador de Radio Huanta 2000, Carlos Paz, se dirigió a la Policía de Investigaciones del Perú para formular la denuncia, pero se la rechazaron", agregó.

"Luego fueron a la base de los marinos que estaba en el estadio de Huanta. Consultaron al ‘comandante Camión’, pero solo dejaron que entrara mi padre. Carlos Paz se quedó esperándolo en la puerta. Nunca más salió de allí", concluyó el hijo, que entonces tenía apenas cuatro meses de edad.

Un ex marino que cumplió funciones en Huanta a las órdenes de "Camión" dijo a la CVR que su jefe había puesto en una lista negra a Jaime Ayala, porque sus crónicas afectaban la imagen de la marina.

Ayala "ya estaba pedido", relató el ex militar. "Camión" decía "que Ayala chicoteaba (castigaba) duro a la marina". El propio capitán de corbeta torturó al periodista y "se le pasó la mano", según el testimonio.

"A mi padre lo mataron por ser periodista y por informar sobre las violaciones de los derechos humanos", dijo Ayala.

El capitán de corbeta fue denunciado por el secuestro y desaparición del periodista, pero negó los cargos y le dijo al fiscal que investigó el caso, Simón Palomino, que Ayala era miembro de Sendero.

Poco después de que el Poder Judicial rechazara el pedido de la marina de guerra para juzgarlo en un tribunal militar, y cuando todo estaba listo para procesarlo en el fuero ordinario, la armada comunicó al juez del caso que el acusado había sido víctima de un secuestro el 6 de febrero de 1986.

Pero la familia de Artaza consignó en su registro de herederos, al que IPS tuvo acceso, que el marino había muerto el 2 de febrero de 1986, cuatro días antes del presunto secuestro denunciado por la armada.

Según otro documento obtenido por IPS, el "comandante Camión" extendió un mandato al abogado Sergio Tapia para que lo representara legalmente el 18 de febrero de ese año, varios días después de la fecha de su muerte, según su familia, y de su secuestro, según la marina.

"Tenemos indicios de que el ‘comandante Camión’ fue sacado del país por la propia marina y hoy estaría viviendo en Estados Unidos o Canadá", dijo Boris Ayala.

El jurista Sergio Tapia ha ejercido la defensa de los marinos involucrados en la matanza de 118 reclusos del penal de El Frontón, cometida en 1986, cuando gobernaba el actual presidente Alan García.

Tapia trabaja hoy como asesor del primer vicepresidente, vicealmirante retirado Luis Giampietri, en su momento también investigado por el caso El Frontón.

Un cable enviado por la embajada de Estados Unidos en Perú al Departamento de Estado (cancillería) el 6 de marzo de 1986, refuerza las sospechas de que la marina estuvo involucrada en el presunto secuestro del "comandante Camión" para evitar que lo juzgaran.

"Creemos que la marina probablemente llevó a cabo la desaparición de Artaza para evitar un juicio (público) en el fuero civil que desacreditaría a la institución y sentaría un peligroso precedente", señala el cable, desclasificado por el no gubernamental National Security Archive (NSA).

"Es remota la posibilidad de que los terroristas hayan secuestrado a Artaza (…). Si bien es posible que Artaza se haya esfumado por sí mismo, es más probable que hubiera cooperado con la marina", agrega.

Para las autoridades judiciales, el "comandante Camión" está muerto y por eso no ordenan su búsqueda y captura.

"Todas las evidencias indican que está vivo y que su desaparición fue una maniobra para evadir a la justicia. Deben lanzar la orden de búsqueda y captura por todo el mundo", exhortó Boris Ayala.

Mientras, las exhumaciones en Huanta continuarán hasta el 23 de este mes, a cargo del Equipo Especializado Forense de Ayacucho del Instituto de Medicina Legal. Se han encontrado ya las primeras osamentas y se amplió la zona de excavación. (FIN/2009)

Escrito por Angel Paez

viernes, 13 de marzo de 2009

Masiva marcha por condena a Fujimori



Miles de manifestantes pertenecientes a organismos defensores de los derechos humanos y colectivos civiles así como sindicatos y federaciones universitarias, participaron ayer en la “Gran Marcha por la Justicia”, organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en la que exigieron que el ex dictador Alberto Fujimori sea condenado con la pena máxima por delitos de lesa humanidad, y respaldaron la labor del Ministerio Público en el “megajuicio”.

Familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, cometidas durante el régimen fujimontesinista, estuvieron en la movilización al igual que integrantes de la familia Ventosilla, Caraqueño, Umalla-Chambara, los campesinos de El Santa, entre otros que también fueron víctimas de la violencia.

“Salimos a las calles para exigir el derecho a saber quiénes son los culpables de las muertes de nuestros familiares. Para señalar, una vez más, a Alberto Fujimori como el principal responsable, pues ordenó al Grupo Colina acabar con la vida de nuestros seres queridos”, expresó Gisella Ortiz, vocera de la Asociación de Familiares de las Víctimas de La Cantuta.

Asimismo, Cromwell Castillo Castillo, padre del estudiante desaparecido Ernesto Castillo Páez, dijo a LA PRIMERA que la participación de él y miles de familiares de desaparecidos en la marcha era muy importante, pues muchos de esos casos no están judicializados aún.

“Mi hijo fue detenido en Villa El Salvador en 1990, ante numerosos testigos por un patrullero, y desde esa época hasta la fecha, no aparece”, relató.

El ex congresista Javier Diez Canseco afirmó que el presidente Alan García también tiene “temas pendientes” en casos de violaciones de derechos humanos.

“Es la primera vez en la historia del Perú que un Presidente de la República es colocado en el banquillo de los acusados para responder por crímenes”, dijo.

El director de la Asociación Pro Derechos Humanos, Francisco Soberón, calificó de “bravuconadas” las amenazas del congresista fujimorista Carlos Raffo.

“Venimos a respaldar la labor de los fiscales Peláez y Guillén y para exigir una condena firme y clara a Fujimori”, refirió.

El dirigente de “Todas las Voces”, Guillermo Bermejo, aseguró que hubo más de mil desaparecidos durante el gobierno fujimorista”.
Fuente: Diario La Primera
Leonardo Caballero
Redacción

lunes, 9 de marzo de 2009

Hallan 3 nuevas fosas comunes con restos de 26 campesinos


Lima. Después de 24 años, un grupo de campesinos encontró los restos óseos de sus familiares asesinados el 18 de octubre de 1984 en la comunidad de Cangari por terroristas de Sendero Luminoso. Los sediciosos mataron a 26 personas que se organizaban para formar rondas campesinas y así defenderse de los grupos alzados en armas. Sendero Luminoso frustró el proyecto a balazos. En la fosa se hallaron vestimenta, cráneos y huesos.
Fuente:Correoperu.com.pe


12 de marzo: Marcha Nacional “Fujimori Culpable”


En conferencia de prensa, familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, junto con Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Mario Huamán, de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), convocaron a una gran movilización nacional este 12 de marzo en todo el país.

La manifestación es impulsada como parte de la Campaña “Fujimori Culpable” que diversas organizaciones de derechos humanos y familiares de las victimas de la dictadura fujimorista realizan en todo el país. En Lima, la marcha partirá desde la plaza 2 de mayo a las 2 de la tarde, para llegar por la avenida Abancay al Ministerio Público.

Raida Cóndor, madre de un joven asesinado del caso La Cantuta, señaló que este es un reclamo de justicia, que como madre invoca a madres y padres del Perú a participar en esta marcha para reclamar justicia y que no vuelvan a suceder este tipo de crímenes contra los derechos elementales de las personas.

Mario Huamán convocó a los jueces a que no se dejen presionar, ya que las pruebas contra Alberto Fujimori son contundentes. Asimismo, recordó que el gobierno de Fujimori es responsable por una política económica y una legislación laboral que ha precarizado el trabajo y dejado a miles en las calles. “La persecución y la matanza estuvieron a la orden del día, todo eso es importante recordar para que no se repita”, señaló.

Miguel Jugo, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) resaltó que diversos lugares del país se sumarán a la convocatoria con acciones simultaneas en Cusco, Arequipa, Huancayo, Huanuco, La Libertad, Piura, entre otros. Recalcó que la movilización es una demanda de justicia en apoyo a la acusación y la labor que vienen realizando los fiscales y los abogados de la parte civil.

Fuente:http://www.psf.org.pe

lunes, 2 de marzo de 2009

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA HACER JUSTICIA EN EL PERÚ


Ante próxima sentencia juicio Fujimori:

Organizaciones sociales respaldan acusación fiscal

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA HACER JUSTICIA EN EL PERÚ

Estando próxima a emitirse la sentencia en el juicio al ex presidente Alberto Fujimori por violaciones de derechos humanos, las instituciones firmantes queremos expresar lo siguiente:

Los crímenes por los que viene siendo procesado Fujimori pertenecen a la categoría de los más graves que conoce y condena de modo unánime la humanidad. Son crímenes de lesa humanidad. Se trata de asesinatos, desapariciones y torturas, cometidos contra personas indefensas, incluyendo mujeres y niños. Y que fueron y son tanto más repudiables porque los perpetraron quienes tenían la obligación de protegerles.

Fujimori está siendo juzgado por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, pero estos casos, con toda su importancia y horror, son el símbolo de muchos otros crímenes cometidos durante su gobierno y que afectaron a centenares de familias en todo el país y que nunca fueron sancionados.

En este sentido, el juicio a Fujimori es una oportunidad para que el país recupere la confianza en sus instituciones, en la justicia y en la democracia. Significa que nuestra sociedad puede ser capaz de aplicar la justicia por igual a todos, sin importar el poder o privilegio que puedan tener los acusados.

Por ello expresamos nuestro respaldo a la acusación fiscal, que pide una sentencia condenatoria contra el ex presidente, invocamos al tribunal a emitir una sentencia justa, y nos solidarizamos con las víctimas y familiares que llevan más de 17 años esperando justicia.

Convocamos a toda la ciudadanía a sumarse a la campaña nacional por justicia y acompañarnos en la Gran Movilización Nacional del 12 de marzo, que se realizará en simultáneo en todo el país. En el caso de Lima, esta movilización consistirá en una gran marcha ciudadana, que partirá de la Plaza Dos de Mayo, a las 2 de la tarde de ese día, y a la cual están todos convocados.

POR VERDAD Y JUSTICIA

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH
Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP
Asociación Nacional de Centros - ANC
Familiares de La Cantuta
Familiares de Barrios Altos
Movimiento ciudadano Para que no se repita - PQNSR

20 de febrero de 2009

Fuente: DiarioLa República 01/o3/2009




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