Abimael Guzmán acaparó la atención política y mediática del país en los últimos días a raíz de un libro que abunda en falacias y mentiras groseras. Un enemigo declarado del sistema democrático invoca hoy leyes que jamás respetó. Dos abogados expertos en derechos humanos analizan aquí el discurso jurídico contenido en el texto “De puño y letra”, el desconcertante alegato de inocencia del mayor genocida de nuestra historia.
1 .Sí fue terrorista:
Abimael Guzmán insiste en el libro en la tesis de que su accionar violento y fundamentalista emanó del fragor del pueblo. “Partimos de rechazar que se nos tilde de ‘terroristas’ e impute ‘terrorismo’, pues, reiteramos que somos revolucionarios, militantes del Partido Comunista del Perú y participantes o dirigentes de la guerra popular iniciada el 17 de mayo de 1980”, afirma en la página 157. “¿Guerra popular?”, se pregunta el periodista Gustavo Gorriti, experimentado reportero de los sucesos de la lucha armada. “Si ‘popular’ significa ‘relacionado o propio del pueblo’, es obvio que la insurrección senderista no representó al país.
Su control en varias regiones se basó en la coerción y el adoctrinamiento forzado”, sostiene. En todo caso, dice, que se invoque estas palabras en un contexto jurídico no tiene ningún sentido, pues “la expresión ‘guerra popular’ es utilizada por los comunistas maoístas para definir su doctrina; tiene una connotación puramente partidaria”.Guzmán también exige que se observe la dimensión política del proceso de violencia y no solo los actos criminales. Esto es, según el abogado Carlos Rivera, experto en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal, un total despropósito: “Un tribunal no juzga los hechos políticos, sino los comportamientos delictivos previamente tipificados en la ley penal”, establece.
Y en el caso de Guzmán, quien fue capturado el 12 de setiembre de 1992, el delito de terrorismo ya estaba descrito en el decreto legislativo 046, aprobado en1981, y la legislación antiterrorista de Alberto Fujimori, promulgada en mayo de 1992. Esta última precisaba, por ejemplo, que “hay responsabilidad penal por el simple hecho de ser jefe de una organización terrorista”.
Así que Abimael Guzmán pretende de nuevo escabullirse de la ley y refugiarse en el manipulable terreno de la perorata ideológica.
2. ¿Ingenuo mediato?
Con el afán de cuestionar su sentencia a cadena perpetua, dictada en octubre del 2006, en base al concepto legal de ‘autoría mediata’, el cabecilla de Sendero Luminoso dice en su libro: “La doctrina jurídica peruana no la ha aceptado (se refiere a la teoría de Roxin, el jurista alemán que la elaboró), únicamente se está sosteniendo en los últimos tiempos” (página 162). Carlos Rivera lo refuta: “Lo único que debe existir para que un tribunal utilice una doctrina (teoría propuesta por un académico) es un fundamento legal que la soporte”.Y ese sustento legal, en el caso del Perú, reposa en el Código Penal desde 1924: en ese documento se afirma que el autor es “el que realiza por sí o por medio de otro” un delito. Así, si bien Guzmán no asesinó directamente a nadie, creó una organización criminal a través de la cual se convirtió en el responsable penal de las matanzas.
Y como esta figura está prevista en la legislación peruana desde hace varias décadas, el tribunal que lo sentenció simplemente la desarrolló jurídicamente. El abogado Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, explica que este desarrollo se consigue “recurriendo a la jurisprudencia –veredictos de juicios previos– y a la doctrina. Esta última presenta como una de las modalidades de la ‘autoría mediata’ el ‘aparato de poder organizado’ dirigido por un ‘autor de escritorio’”. Se trataba de Guzmán redactando obsesivamente sus órdenes desde la clandestinidad y detallando con fruición los pasos de cada uno de los atentados principales; en suma, clavando un puñal a lo lejos.
3. Juicio ‘limpio’:
Ronald Gamarra cuenta que, de un tiempo a esta parte, en el mundo del derecho penal se viene hablando de dos tipos de ciudadanos: los “buenos”, a quienes se les reconoce todos los derechos fundamentales, y los “enemigos”, a los que, por ciertos delitos cometidos, no se le reconoce ninguno.
En esta tendencia legal se ubica la afirmación de Abimael Guzmán, en las páginas 164 y 166 del libro, en el sentido de que él habría sido juzgado con el “derecho penal del enemigo”, es decir con una serie de irregularidades en cuanto al proceso.Al respecto, Carlos Rivera cree que Guzmán posiblemente se refiera a la legislación antiterrorista de 1992, “la que fue muy cuestionada por ser una de las más severas y negadoras de derechos humanos en el mundo”.
Pero a pesar de que Rivera reconoce esta falencia, sostiene que virtualmente casi nada de esa norma se aplicó en el caso del ex líder terrorista. “Si bien este paquete jurídico se utilizó para condenarlo a cadena perpetua en el juicio militar en 1992, en febrero del 2003 se revisó su proceso. Y se le juzgó de forma absolutamente regular: pudo ejecutar su derecho a la defensa e, incluso, se excedió en los gestos y discursos en la sala”, explica.
No hay que olvidar los puños alzados y los gritos embravecidos de los miembros de la cúpula de Sendero en las primeras audiencias del tribunal.La mejor prueba de que Abimael Guzmán no tiene un cuestionamiento de fondo a su juzgamiento es que, hasta la fecha, no ha recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, tal como lo planificó en un manuscrito del 2005 (página 132 del libro). Cretina ironía: el hombre que despreciaba hace dos décadas el sistema de derechos humanos, al que consideraba “burgués”, hoy recurre a él.
4. Amnistía no procede:
“Cuando Guzmán cita uno de los artículos de los Convenios de Ginebra en la página 182 del libro que dice: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible (…)’, hay que recordarle que el convenio niega tal posibilidad a aquellos que cometieron delitos atroces contra la población civil, como lo hizo Sendero”, afirma Ronald Gamarra.
La advertencia es atinada si se considera que ‘amnistía’ fue la palabra más repetida por los abogados de Abimael Guzmán durante la presentación del libro, el pasado 11 de setiembre. “Sería moralmente reprobable y penalmente insostenible. ¿Cómo vamos a amnistiar al principal responsable de la violencia en el país, según la CVR?”, reflexiona Gamarra. ¿qué pretende guzmán con la publicación de su libro?“Lo último que quería Guzmán durante la violencia era que sepan qué estaba pensando, ahora que expone sus estrategias legales parece que anuncia la conclusión política de un proceso.
Es la publicación de un derrotado”.Carlos RiveraAbogado.“Para Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre la guerra terminó hace 17 años cuando fueron capturados. Ellos se saben vencidos y aceptan este hecho. Lo que ahora desean con este libro es formalizar el fin de esa guerra. Es un error por parte del Estado –y una muestra de debilidad– no hacer eco a esta declaración de derrota”.
Gustavo Gorriti
Periodista
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