Entre el año 2008 y lo que va del 2009, en la región Puno se han registrado 44 linchamientos. Las turbas buscan hacer justicia por sus propias manos, pero a menudo se han ensañado con civiles inocentes.
Por Liubomir Fernández
Aquí no se aceptan delincuentes.
Leo una pinta en la pared lateral de una rústica casa de Juliaca situada en los alrededores de la salida al Cusco. La advertencia va dirigida a toda suerte de raterillos y asaltantes que han convertido las calles de esta ciudad en el escenario de las sospechas y de la más profunda desconfianza. Aquí ya nadie cree ni en sus vecinos y los perros saltan y ladran cuando advierten a un desconocido.
Desde las ventanas suspicaces vecinos fijan su mirada en el visitante. Basta que el foráneo se encuentre cerca de una tienda y en actitud considerada sospechosa para que sea detenido e interrogado con violencia sobre sus actos. Si se comprueba que no posee bienes robados y si no tiene cicatrices que revelen un pasado delincuencial es posible que sea liberado.La suerte del detenido es distinta si es sorprendido robando. Basta que la turba lo tome cautivo para que de inmediato lo ate a un poste y lo queme vivo.
En los barrios periféricos de esta ciudad no existe otra forma de pagar los delitos. Para los organismos de derechos humanos y las autoridades se trata de una práctica repudiable que no puede seguir más. Para los vecinos de Juliaca es la única forma de que se haga justicia.Un asesinato impuneHugo Carlos Machaca Apaza era un mil oficios. Trabajó de todo para mantener a su familia. Natural de Moho, provincia de Huancané, migró a Juliaca en busca de mejores oportunidades.
Sus diez últimos años los dedicó a trabajar de triciclero. Los 20 soles que a diario ganaba le permitían mantener a sus cuatro hijos y pagar las medicinas que requiere tomar su esposa enferma. El 17 de julio del 2008 Hugo salió de casa para recoger a uno de sus hijos del colegio nocturno. Su familia no supo más de él hasta un día después, cuando doña Olga Apaza Flores, su esposa, lo encontró en la morgue del hospital de Juliaca. El rostro desfigurado con hematomas y fracturas en todo el cuerpo.
Había sido víctima de una turba de pobladores descontrolados en la urbanización Escurri. Lo acusaron de querer robar una tienda. Hugo fue amordazado y atado a un poste. Luego fue azotado y golpeado hasta que le sobrevino la muerte. Hugo Machaca vestía una casaca que la empresa Cruz del Sur le regaló por su honradez y eficiencia. Era de los pocos tricicleros a los que se permitía recoger a los pasajeros en la puerta de la agencia. La policía no pudo intervenir. Pocos efectivos para controlar a una masa enardecida.
Los serenos fueron repelidos a pedradas por la multitud.“Él era un hombre trabajador. Ahora no tengo a nadie. Para mí no hay justicia. Ahora quién me va a devolver a mi esposo. Él era inocente. Nada había robado, nada. Lo confundieron solo porque estaba borracho. Desde que me lo han matado mis hijos ya no estudian. Para mí no hay justicia”, se queja su viuda, Olga Apaza. La única persona apresada por este crimen fue Vicentina Sancho Condori. Y solo por quince días.
Según la policía, la mujer habría incitado a la turba para que quemen al humilde triciclero. El último casoEl 5 de setiembre Jack Briceño Ochoa murió linchado sin haber cometido ningún delito. El joven, hijo del fiscal superior Vicente Briceño, fue confundido con un delincuente, golpeado con salvajismo y después quemado vivo en la urbanización Santa Bárbara. Briceño estaba de vacaciones en Juliaca. Había llegado de Rusia donde estudiaba medicina.
En lo que va del año la Policía ha registrado 25 linchamientos en las trece provincias de Puno. Tres personas murieron a causa de las brutales golpizas. El año pasado se registraron 19 casos. La mayoría de estos actos se concentra en Juliaca, donde la población acostumbra hacer justicia con sus propias manos.Según la PNP, a la mayoría de personas sometidas a golpes y torturas tras ser acusadas de robo no se les comprobó responsabilidad alguna. ¿De quién depende frenar este tipo de actos”, le preguntamos a Luis Salas Quispe, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Puno. Salas señala que esta es una responsabilidad de alcaldes provinciales y distritales, que son los presidentes de los comités de seguridad ciudadana.
Salas Quispe cree que el linchamiento del ex alcalde de Ilave Cirilo Robles, en abril del 2004, ha marcado un precedente para que este tipo de prácticas se masifique.
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