Hace 25 años La República publicó en primera plana el hallazgo de una fosa clandestina en Pucayacu –en el límite de Ayacucho y Huancavelica– con 50 víctimas enterradas allí. Las imágenes le hablaron al país del horror que se vivía en las zonas de emergencia. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, hasta ahora no hay culpables.
Por Raúl Mendoza
Fue un entierro clandestino hallado en una quebrada cuyo nombre podría parecer profético: Pucayacu, que en quechua quiere decir “agua roja”. Contenía cincuenta cuerpos desnudos, maniatados, amordazados, torturados y con un tiro en la cabeza. Un hallazgo impactante que le mostró al país los niveles brutales que podían alcanzar las ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes del Estado en zonas de emergencia.
Si algo se puede decir de Pucayacu, aún ahora, es que sigue siendo la viva imagen del horror.“Hallan fosa con decenas de cadáveres”, puso La República como titular principal en su portada del 23 de agosto de 1984, en la primera de varias notas sobre el caso, exigiendo la verdad y la sanción. Los días siguientes continuó publicando pruebas gráficas de lo acontecido en esos alejados páramos andinos.
“Quienes han optado por sembrar el país de cadáveres inmolados, están contrayendo con el Perú una deuda de vergüenza que el pueblo peruano no olvidará fácilmente”, editorializó. El tiempo le dio la razón.La persona que hizo posible ese descubrimiento y esa denuncia fue Carlos Valdez, corresponsal de este diario en Huanta.
Él recogió el testimonio de un testigo presencial. Alguien que pasaba por el lugar y vio el entierro de los cadáveres a manos de infantes de marina. Ese hombre no fue identificado por su seguridad, pero hoy es funcionario de una institución estatal. Hace unos años estuvo dispuesto a comparecer ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), pero al final su presencia se frustró.
“Él me buscó porque yo representaba a un diario con credibilidad, que cuestionaba la gestión del gobierno de Belaunde en el tema de derechos humanos. Yo le garanticé la confidencialidad de su testimonio”, cuenta Valdez. El testigo vio a los infantes de marina cuando arreaba ganado junto a tres peones y también fue visto por los soldados. “Nos obligaron a tirarnos al piso y después nos fuimos”, contó a La República.
La información sirvió para que la Fiscalía de la Nación formara una comisión que viajó hasta el lugar para el levantamiento de los cuerpos. Gustavo Mohme Llona, fundador de este diario, acompañó la investigación en el lugar y la respaldó después. La fosa estaba ubicada en un paraje desolado en el límite de Ayacucho y Huancavelica, a unos 30 kilómetros de Huanta. Una nube de moscas señalaba el lugar.
Las imágenes de ese día servirán siempre para una antología de la infamia. Los cincuenta cuerpos tenían, más o menos, una semana de muertos. Habían sido ultimados a balazos disparados en la nuca y de arriba hacia abajo, según los peritos. Muchos de ellos tenían los dedos cortados para evitar la identificación por sus huellas digitales. Se encontraron casquillos de bala, huellas de botas y de vehículos pesados. También se encontró una libreta militar a nombre de Cirilo Barboza.
Los culpables¿Quiénes fueron los asesinos? El Informe Final de la CVR es contundente: “(Se) ha llegado a la conclusión de que efectivos de la Marina de Guerra del Perú llevaron a cabo la detención arbitraria, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada y ejecución arbitraria de 50 personas (49 hombres y 1 mujer) cuyos cuerpos aparecieron enterrados en las Fosas de Pucayacu, distrito de Marcas, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica, el 22 de agosto de 1984”.
Veinticinco años después ninguno de quienes tuvieron responsabilidad fue sentenciado por el hecho. Las investigaciones acusaban a Alberto Rivero Valdeavellano, jefe militar de Huanta y La Mar; Álvaro Artaza Adrianzén (a) “Comandante Camión”, jefe de la infantería de marina de Huanta y La Mar; y Augusto García del Barco, jefe de la base contraguerrilla de Huanta.“El fuero civil les abrió proceso, pero el fuero militar interpuso contienda de competencia y la Corte Suprema –como ocurría normalmente en esos años– le entregó el caso.
Allí todos fueron absueltos por falta de pruebas y el caso se cerró”, cuenta la abogada Karim Ninaquispe, de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), que patrocina varios casos de desaparición forzada en Ayacucho, entre ellos el “caso Huanta”, vinculado a Pucayacu.¿Quiénes eran las víctimas de Pucayacu? “Se cree que en esas fosas estaban los cuerpos de personas que fueron detenidas por los infantes de marina en Huanta y llevadas al estadio de la ciudad durante julio y agosto de 1984.
Entre esos detenidos también estaba Jaime Ayala Sulca, corresponsal de La República”, dice Karim Ninaquispe. Unas cincuenta y siete personas desaparecieron en Huanta los días previos a la aparición de los cuerpos en Pucayacu.
Un dato: Cirilo Barboza, cuyo documento de identidad se encontró en Pucayacu, fue detenido en Huanta. Para Gloria Cano, abogada de Aprodeh, que también patrocina a tres familias del “caso Huanta” el vínculo con Pucayacu está claro y la responsabilidad de los militares está probada incluso por autoría mediata.
“El general Adrián Huamán, jefe político-militar, negó siempre ser responsable, pero lo es porque todo era reportado a él. No tomó ninguna acción de sanción contra los culpables. Y los oficiales de marina en Huanta, como “Camión”, controlaban cada una de las patrullas que salían de la base ¿Cómo no iban a saber lo que pasó?”, precisa. “Camión” se hizo pasar por muerto –incluso con resolución en El Peruano– cuando años después el caso amenazó con reabrirse en el fuero común.Ese agosto de 1984 los cuerpos de Pucayacu fueron trasladados al cementerio de Huanta y enterrados allí, en dos fosas.
Debieron pasar 25 años para que una de ellas fuera reabierta en marzo pasado. Cuatro de los 37 cuerpos que se hallaron fueron identificados por marcas y señas antropométricas. El resto permanece como NN. Con pruebas de ADN se espera identificarlos. Quizás entonces sus familias encuentren algo de consuelo. Aunque la impunidad todavía subsista. ¿Y Jaime Ayala?Se ha especulado mucho acerca de la posibilidad de que Jaime Ayala Sulca, corresponsal de La República en Huanta –desaparecido por la marina el 2 de agosto de 1984– estuviera entre las víctimas de Pucayacu.
Para la abogada Karim Ninaquispe, que patrocina a su familia, es una posibilidad. No obstante otras versiones indican que el periodista fue asesinado y enterrado en algún lugar de la base huantina. En la última exhumación realizada en marzo de este año en el cementerio de Huanta –a donde se trasladó a las víctimas de Pucayacu– se abrió una fosa que contenía 37 cuerpos y se identificó preliminarmente a cuatro personas en base a fichas confeccionadas con ayuda de sus familiares.
Ellos son Julián Naupari, Yuri Agama, Cirilo Barboza y Nemesio Fernández. “Se realizarán las pruebas de ADN a todos los cuerpos en Lima y ahí se confirmará o no el nombre de los cuatro identificados y de los demás”, dice Ninaquispe. ¿Aparecerá entre esos restos Jaime Ayala? La ciencia dará la respuesta.
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