La nueva ley de educación, propuesta por el gobierno de Hugo Chávez, volvió ayer a dividir a los venezolanos que marcharon a favor y en contra de la reforma educativa por las calles de Caracas. Y ambas marchas tuvieron también finales diferentes: la movilización de protesta fue disuelta con gases lacrimógenos por la Policía mientras que la manifestación a favor llegó sin inconvenientes para expresar su apoyo hasta la Asamblea Nacional.
La manifestación opositora fue contenida en la céntrica avenida Libertador, donde fue desplegado un cordón de seguridad para que los opositores chavistas no puedan llegar a la Asamblea (Congreso). La Policía utilizó gases, balas de goma y camiones con cañones de agua para dispersar la protesta, que se mantuvo firme luego de tres andanadas de bombas lacrimógenas que pretendían disolverla.
Según la Policía la represión fue la respuesta al intento de traspasar el cordón de seguridad. El diputado opositor Juan José Molina rechazó la versión oficial como una "mentira", pues "nadie intentó traspasar la barrera" y dijo que denunciarán a los jefes policiales que ordenaron reprimir. "Igual vamos a seguir protestando porque es un derecho en democracia", aseguró.Mientras la Policía arremetía contra los opositores a la ley, una colorida concentración expresaba su apoyo a la ley a pocos metros de la Asamblea Nacional sin incidentes y con la presencia de la presidenta del Poder Legislativo, Cilia Flores.
La diputada recibió un documento de apoyo que fue entregado por representantes del oficialista Partido Socialista Unidos de Venezuela con el grito de "patria, socialismo o muerte".Algunos de los polémicos puntos de la ley, aprobada el 13 de agosto por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, son los que establece el concepto del "Estado docente" que -según los críticos- da mayor control sobre al gobierno sobre todos los niveles de educación.
Además se critica el artículo que prohíbe "la difusión de ideas y doctrinas contrarias a la soberanía nacional y a los principios y valores consagrados en la Constitución de la República"; el que señala que la educación "se fundamenta en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar, en la doctrina de Simón Rodríguez, en el humanismo social y está abierta a todas las corrientes del pensamiento", y el que establece que los consejos comunales (órganos de organización vecinal), los pueblos y comunidades indígenas están en la "obligación de contribuir con la formación integral de los ciudadanos, (...) ejerciendo un rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía con responsabilidad social".
Para la oposición esta reforma intenta imponer a los chicos el modelo chavista y busca controlar a los maestros que no concuerden con el gobierno. Otra de las críticas es que la legislación -que se aplicará desde el 14 de septiembre al comenzar el ciclo lectivo- prevé sanciones a los medios que publiquen informaciones "que produzcan terror en los niños, inciten al odio, atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la salud mental y física de la población". Para los opositores a Chávez este es una nueva forma del gobierno para controlar la libertad de expresión de los venezolanos.
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